“Hay algunos que comienzan su jubilación mucho antes de dejar de trabajar”
Robert Half
Pues el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, defiende los cochinitos judiciales que, en forma de fideicomisos -dice- garantizan las condiciones para que los juzgadores hagan su trabajo con tranquilidad e independencia (La Jornada, 18.10.2023).
Seguramente la paz, tranquilidad e independencia se desprenden de un fondo de 15 mil millones de pesos, no de las leyes que enmarcan y legitiman su actuación; es decir, que el combustible que echa a funcionar la maquinaria judicial es el dinero, y entre más sea mejor.
Olvídese de la Constitución, de las leyes federales y estatales; deje de lado la moral pública consagrada por los usos sociales e institucionales, olvídese de las tradiciones e identidad de quienes desarrollan, de cara a la sociedad, el encargo de hacer valer e impartir justicia, porque se nos revela que con dinero baila el perro.
Arguye, el ministro, que los cochinitos judiciales garantizan un retiro digno, como dejando ver que el sistema de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos “normales” no está a la altura de su vida y antojos. En otras palabras, da la idea de que la pertenencia al aparato judicial los coloca por encima de cualquier servidor público, incluyendo a las fuerzas armadas, tan de moda en estos tiempos.
Cualquiera diría que son una especie de casta divina que utiliza la ley para su propio beneficio, como si fuera una empresa privada, al margen de las necesidades del país y por encima de cualquier otro poder legalmente constituido, y que tiene el poder de movilizar (¿manipular?) a sus empleados de a pie en defensa de sus privilegios.
¿El Poder Judicial nos dice que debe haber jubilados de primera y de segunda? ¿Los privilegios con olor a virreinato deben subsistir en una república federal, democrática y popular? ¿Desacreditarán las decisiones legales del Poder Legislativo y las batearán en beneficio de ellos mismos? ¿No huele esto como un conflicto de interés y sin pizca de imparcialidad?
En otro asunto, llama la atención la iniciativa de legislar en favor de la eutanasia, es decir, de respetar la decisión de poner fin a la vida de alguien cuando la enfermedad no tiene cura, genera dolor físico y emocional inaguantable y que la existencia es francamente una mierda.
Sin embargo, propone algunas condiciones adicionales, destacando que el paciente esté en agonía, surgiendo el inevitable “ya para qué”, además de que haya testigos que certifiquen la manifestación de voluntad, logrando que la propuesta huela a que lo dan, pero también lo fruncen.
La legislación vigente considera a la eutanasia como un crimen por piedad, así que el enfermo bien puede revolcarse en la miseria de lo que le queda vida hasta que lo salve la muerte, ante la mirada de parientes y personal de salud, tranquilos porque no infringieron la ley.
Y, a propósito de vida y muerte (con acento en esto último), la idea de poner orden en el sector minero, revisar la Ley correspondiente en serio y adecuar el marco normativo en beneficio de los seres vivos de dos o cualquier número de patas, parece condicionada por lo mismo que la impartición de justicia y “el retiro digno”, según se desprende de lo dicho por el ministro Luis María Aguilar, de la Tremenda Corte.
El interés minero se lleva de corbata el derecho humano al agua, al control y contención de la contaminación, a respirar aire puro, a poder desarrollar una actividad agrícola y pecuaria con calidad alimenticia. Aquí el acento se pone en el agua, su disponibilidad y los mecanismos para administrara con sentido humano y sustentable, lo que hace inevitable mencionar a la posible explotación del Litio en una región con estrés hídrico.
Mientras tanto, los habitantes de los pueblos ribereños del Río Sonora también pueden decir con los pelos en la mano que con dinero baila el perro, a juzgar por el tiempo que tienen de sufrir el desastre ambiental y económico provocado por la negligencia criminal de Grupo México, ahora señalado como delincuente por las mismas autoridades federales.
La bronca está en que, tras algunas ninguneadas del magnate, bastó que Larrea haya manifestado disposición al diálogo para que se esfume la posibilidad, en primera instancia, de hacer cumplir la ley por los daños causados. Ahora solamente se trata de “dialogar” y no de castigar, a menos que el señor minero se ponga renuente.
Mientras son peras o manzanas, el Frente Unido Río Sonora advierte que, en protesta, tomará las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre en Cananea (La Jornada, 18.10.2023).
En medio de los sainetes legales y políticos, el río y su gente siguen fluyendo hacia nuevas y prometedoras posibilidades de contaminación, enfermedad y muerte… y no por eutanasia.
