Este domingo 6 de agosto se cumplieron 9 años del trágico derrame de tóxicos mineros en la cuenca del Río Sonora, un desastre ambiental que se reconoce como el peor en la historia de la minería en México. Las personas afectadas por esta tragedia son más de 22 mil y en el transcurso de los años los daños económicos ascienden a los 20 millones de pesos.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) iniciaron una batalla legal para defender los derechos humanos de las personas afectadas por la tragedia ambiental, y en los últimos nueve años cada 6 de agosto informan de los logros que han alcanzado, pero también dan cuenta de la impunidad y la indiferencia de las autoridades. En esta ocasión, los CCRS nuevamente dan conocer que en mayo de 2023 la autoridad por fin reconoció que no hubo remediación que justificara el cierre del Fideicomiso Río Sonora y que ahora por orden de la SCJN se debe restituir tomando en cuenta la participación de los afectados.
Los CCRS exigen nueve puntos que son los siguientes:
- Las plantas potabilizadoras fijas y operando que sean necesarias. El gobierno del estado presume que ya existen 6, pero no dice que de esas solamente opera una, y es así porque los activistas se encargan y pagan de su bolsa su funcionamiento.
- Centro toxicológico para atender y monitorear la salud. Que terminen el hospital que quedó como obra negra abandonada en Ures.
- Protección a la salud de las infancias, asegurando bebedores en las escuelas del Río Sonora con agua de calidad.
- Un plan de justicia transexenal.
- Remediación real del daño por parte de Grupo México.
- Continuar con el monitoreo constante de agua y sedimentos.
- Atención a las irregularidades detectadas en las presas de jales de la mina de Buena Vista del Cobre de Grupo México.
- Sistema de alerta para informar a las comunidades en caso de otros desastres.
- Restitución del Fideicomiso como la SCJN ordena.
Las exigencias de los afectados en la tragedia del Río Sonora poco han cambiado desde hace 9 años porque las autoridades van y vienen, pero poco hacen para responderles. Incluso se olvidan de ellos al punto que, dentro de las obras prioritarias que el gobernador anunció en julio, ninguna está relacionada con responderle a los afectados por el derrame, no hay ninguna planta potabilizadora y menos terminar la clínica que se les prometió.
Ante este abandono, los CCRS son muy claros en su comunicado cuando se dirigen así a las autoridades:
“1) Al presidente: tenemos ya 5 años esperando que cumpla con su palabra de que se haga justicia y que pague la empresa responsable. Ni la atención a la salud, ni la garantía de agua limpia, ni el medio ambiente sano son una realidad en el Río Sonora”.
2) A la Conagua: que deje de obstaculizar el proceso. Necesitamos potabilizadoras que sean funcionales y que atiendan a todos los pendientes sobre sedimentos.
3) A la Profepa: que asuma su responsabilidad, deje de simular y actúe en favor de la protección del medio ambiente.
4) A la Secretaría de Salud federal y estatal, y el Cenaprece: reclamamos atención inmediata a la salud de la población. No puede ser que desde noviembre de 2021 a la fecha solo hayan realizado el historial de las personas afectadas y un informe técnico que pretenden manejar con opacidad.
5) A la Cofepris: que se responsabilice, y con los datos que posee, lance el alertamiento a la población sobre riesgos de la exposición crónica a los metales pesados. Cumplan sus compromisos de construir el centro de atención a la salud en el Río Sonora”.
Tanto López Obrador como Durazo prometieron en sus respectivas campañas hacer justicia ambiental, pero ahora que tienen la oportunidad de responderle a esta población ni un pinche vaso de agua limpia les pueden dar. Por eso hay que seguir acompañando a los CCRS en su lucha por la vida, la justicia ambiental en la cuenca del Río Sonora y los derechos humanos de su población. Políticos mentirosos van y vienen, pero las luchas persisten hasta que la dignidad se haga costumbre.
