Por César Jiménez
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa con la cual propone sanciones por el uso de drones para cometer conductas delictivas, ya sea para arrojar artefactos explosivos, armas, sustancias químicas o cuando éste impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
La iniciativa presidencial modifica disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contiene agravantes a delitos cometidos contra personas o bienes mediante el uso de estos aparatos identificados como “aeronaves pilotadas a distancia”.
Se justificó que con las modificaciones realizadas al Código Penal Federal se busca “prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios público o privados”, lo cual es sustentado con fotografías sobre el uso de estos artefactos por parte de organizaciones delictivas.
Sin embargo, también se adjuntaron imágenes sobre este tipo de drones sobrevolando inmediaciones de Palacio Nacional, actual sede del poder en México y que funge al mismo tiempo como residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que en lo referente a las modificaciones en la Ley General de Armas de Fuego se incluye a estas aeronaves pilotadas a distancia como artefactos que pueden transportar, activar o detonar explosivos como armas, municiones y materiales de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
“El propósito es implementar un marco jurídico que incorpore agravantes a conductas constitutivas de delitos, realizadas con aeronaves pilotadas a distancia, que fortalezca la prevención y combata la impunidad en la comisión de los delitos mediante el uso de estos artefactos y así garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.
La iniciativa del presidente López Obrador señala casos específicos en los que los grupos delictivos han usado este tipo de artefactos. El primer ejemplo data del 10 de julio de 2018, cuando un dron cayó en una propiedad del secretario de Seguridad Pública de Baja California.
El hecho ocurrió en el municipio de Tecate, y luego de ser detectado por elementos de la Policía Estatal que custodiaban el inmueble, se detectó que este aparato contaba con granadas de fragmentación desactivadas.
Algunas sanciones previstas por el uso de drones para actividades delictivas
Entre las sanciones previstas por el uso de drones por parte de organizaciones criminales o con fines delictivos, se encuentra la modificación al artículo 139 del Código Penal Federal.
En este se señala que se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y multas de más de 124 mil pesos a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer conductas para las cuales se haga uso de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, así como por posibles actos terroristas dentro del territorio nacional.
También se prevé prisión de 10 a 20 años por otros delitos cometidos con el uso de drones, ya sea que sea para arrojar explosivos o artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas.
Aplica la misma pena en caso de que se impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Se prevé también una pena de 5 a 10 años a quien importe drones, los manufacture, arme, adquiera o adapte para el transporte de artefactos explosivos o artefactos explosivos improvisados.
Así como 3 a 10 años de prisión a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o con medios electrónicos para vigilar actividades de funcionarios públicos para conocer su ubicación o ejecutar agresiones.
Información de Infobae
