El ejercicio de cualquier autoridad exige, como requisito fundamental, del conocimiento de los límites y alcances de la función que se desempeña. No sólo se trata de saber qué es lo que se puede hacer, sino sobre todo de reconocer cómo y bajo qué terminos se debe de llevar a cabo.
En México, el desinterés de las autoridades por el respeto a las normas es cada vez más recurrente. Uno de los mejores ejemplos de esto lo podemos encontrar en el jJefe del Ejecutivo, quien sin ningún tipo de tapujo acostumbra disponer de las facultades que por ley le han sido atribuidas para posteriormente actuar ilegalmente en atención a sus preocupaciones personales.
Tan sólo la semana pasada, el presidente López Obrador cruzó una vez más la frontera de la legalidad al revelar información financiera acerca de empresas en las que participa Xóchitl Gálvez, quien en las últimas semanas se ha posicionado como su principal adversaria política al liderar las encuestas del proceso interno del Frente Amplio por México previo a la elección presidencial de 2024.
Dicha acción de parte del presidente no sólo constituye un claro uso del poder del Estado para el beneficio electoral de su propio partido político, sino que además representa una violación descarada del denominado secreto bancario.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el secreto bancario refiere a la protección que tanto bancos como instituciones financieras en general deben de otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban de parte de sus clientes.
Si bien se trata de una regulación que aplica en primera instancia a las instituciones financieras acreedoras de la información en cuestión, también ejerce efecto para los organismos gubernamentales con accesos a este tipo de datos sensibles, tales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Unidad de Inteligencia Financiera.
A nivel constitucional, el secreto bancario encuentra su fundamento en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual prohibe la revelación de información contenida en documentos financieros vinculados a particulares.
La única excepción a esta normativa, se remite a aquellos casos en los que exista alguna solicitud de acceso emitida por parte de una autoridad judicial en el marco de un juicio en el que el titular de la información ejerza como parte o acusado. Con esto, se evita que el secreto bancario pueda fomentar la impunidad al convertirse en un impedimento para la procuración de justicia.
Partiendo de todos estos elementos, es posible mostrar que la determinación del presidente López Obrador de difundir públicamente información fiscal y bancaria de la senadora Xóchitl Gálvez debe de considerarse como un delito. Además, compone un atentado en contra del derecho a la privacidad y de la confianza ciudadana en el sistema financiero.
En razón de lo anterior, la senadora Gálvez optó por ampliar las denuncias en contra del presidente que previamente había presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo ahora los cargos de abuso de autoridad y las violaciones tanto del secreto bancario como del Código Fiscal.
Hay que recalcar que la estrategia presidencial no hizo más que evidenciar la existencia de negocios legítimos, en su mayoría entre particulares. Además, ayudó a despejar cualquier duda en torno a una posible acusación de enriquecimiento ilícito mediante la obtención de dinero público, pues confirmó los mínimos ingresos obtenidos por las empresas de la senadora a raíz de contratos con entidades gubernamentales.
Sin embargo, independientemente de cualquier conclusión que pueda extraerse de los documentos divulgados, lo más relevante de todo esto es que el presidente ha vuelto a dejar en claro su nulo interés por hacer valer las responsabilidades vinculadas a la autoridad que le fue adjudicada por el pueblo de México. Un desinterés que además de ilegal, también amenaza los principios democráticos más elementales.
Twitter: @gomezreyna
