El jueves la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó información a la Cámara de Diputados sobre todos los movimientos que realiza el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Palacio de San Lázaro.
No recuerdo en los últimos 20 años, desde que sigo las actividades legislativas, un caso como el que emprendió la dependencia contra Jorge Álvarez Máynez. El oficio que envió a la Cámara ni siquiera habla de que esté siendo sujeto a alguna investigación.
Queda la idea de que la Fiscalía le está haciendo el trabajo sucio al partido en el poder con el uso faccioso de la institución para amedrentarlo porque Álvarez Máynez trae de cabeza a todas las corcholatas al presidente López Obrador, así como algunos consejeros aliados de la 4T.
El legislador sentó un precedente legal sobre la carrera anticipada de los suspirantes presidenciales rumbo a las elecciones de 2024 y es resultado de un trabajo intenso en derecho electoral.
Álvarez Máynez llevaba, hasta el jueves, cuando se dio a conocer la solicitud de la FGR, 34 quejas por actos anticipados, según información oficial del INE de la que esta columna tiene copia.
De las 34 quejas presentadas, 30 están por ser resueltas, una logró medidas cautelares por parte del instituto obligando a los suspirantes a eliminar publicaciones realizadas en sus redes sociales.
En otro caso se presentó recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a fin de impugnar la improcedencia de medidas cautelares y otro logró dictado de medidas cautelares. Una queja más derivó en imposición de medidas cautelares para que los aspirantes y el partido de Morena no realicen actos con el propósito de promocionarse para el proceso 2023-2024.
La cancelación de actos abiertos en plazas públicas, así como los lineamientos impuestos y las reglas para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda fueron posibles y abren la posibilidad de que las corcholatas y los suspirantes del Frente puedan quedar eliminados de la contienda presidencial.
En los nuevos lineamientos se contempla que cada acto puede ser fiscalizado, incluyendo algunos que ya se llevaron a cabo, y entre las quejas que están por discutirse en el INE, MC juntó pruebas de uso de recursos públicos para promoción personalizada con fines electorales y actos anticipados de campaña pidiendo el voto.
Aquí se visualiza el trabajo multidisciplinario de Dante Delgado, líder de MC, en coordinación con Álvarez Máynez y un equipo legal. El candidato presidencial propio aparecerá librado de cualquier descalificación que pudiera haber por parte del INE o el Tribunal Electoral.
El jefe de los diputados de MC acudirá este lunes a la FGR para que se le informe por qué pidieron información a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara. La mesa directiva está obligada a intervenir en la defensa del legislador.
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POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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