Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra ocho militares detenidos el pasado 21 de junio para ser procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, informó el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
A través de su cuenta de Twitter, Encinas Rodríguez explicó que la resolución, equivalente al inicio del proceso penal, fue dictada por la Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
El funcionario federal no precisó el estatus legal de las otras ocho personas contra las que se libró la orden de aprehensión por estos mismos delitos el pasado 16 de junio, ya que el pasado 2q de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la juzgadora federal libró en total 16 órdenes de aprehensión contra militares y civiles vinculados con el caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
Apenas este fin de semanafue detenido el ex fiscal Antisecuestros de la extinta Procuraduría General de la República, Gualberto Ramírez Gutiérrez, a quien se le imputan los mismos delitos .
El auto de formal prisión incluye al ex comandante del 41 Batallón de Infantería, coronel Rafael Hernández Nieto, así como a soldados de los Batallones 27 y 41 de Infantería, uno de ellos con sede en Iguala.
La lista de los militares contra los se abrió proceso penal son: Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Juan Sotelo Díaz, Santiago Muñoz Pilo, Francisco Narváez Pérez, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Juan Andrés Flores Lagunes, Oscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, Roberto de los Santos Eduviges y Enrique Martínez Chávez.
En todos los casos se trata de órdenes de aprehensión que habían sido canceladas por petición expresa de la propia Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el diario Reforma, la investigación presentada ante el juez tiene como hilo conductor las declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien señala de manera aislada a los soldados de estar en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 14 de septiembre del año pasado, la misma FGR volvió a ir con la juez de la causa y le pidió por escrito cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.
También se desistió de las órdenes de captura de 5 ex funcionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del ex Procurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
En contraste, quedaron vigentes y se ejecutaron los mandamientos judiciales contra cuatro militares: el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el Capitán José Martínez Crespo; el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
