El gobierno federal decretó otra expropiación, ahora, de 119.7 hectáreas de terrenos ejidales en Quintana Roo para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria en el Tramo 7 del Tren Maya.
Por estos terrenos, el gobierno pagará 136.5 millones de pesos a campesinos con los que ya había acordado la ocupación de los predios, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta expropiación afecta al ejido Juan Sarabia, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, por donde pasará el tramo del Tren Maya, que irá de Bacalar a Escárcega, Campeche.
De acuerdo con la publicación, el 20 de noviembre del 2022 se celebró una asamblea general de ejidatarios en la que se aprobó la celebración de los convenios de ocupación previa a título gratuito, y se autorizó a los integrantes del comisariado del ejido “Juan Sarabia” firmar dichos convenios.
“La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, procederá a su ejecución cuando Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. haya acreditado el pago o depósito de la indemnización señalada”, indica el documento.
Se argumenta que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio y que tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
Otras expropiaciones
Apenas el 25 de mayo, el gobierno federal expropió 51 inmuebles de propiedad privada en municipios del estado de Yucatán y Quintana Roo, que serán destinados a la construcción de obras de infraestructura relacionadas con el Tren Maya.
El 22 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto de expropiación para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del Tren Suburbano, en terrenos de propiedad privada ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México, para garantizar la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Este decreto ocurrió a unos días de que López Obrador ordenara la expropiación de tres tramos de líneas férreas de Ferrosur, cuyo dueño de la empresa es Germán Larrea, de Grupo México.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, argumenta que se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y para mejoras en los tramos de las líneas Z, ZA y FA.
