“Cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar, hay que cambiar” (Winston Churchill)
Ya se sabe que somos un país libre, independiente y soberano, según lo dicta la Constitución, y que el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigila el cumplimiento de las leyes, empezando por su constitucionalidad, es decir, su apego a la norma constitucional.
Se sabe, también, que el derecho y las leyes son de carácter abstracto, aunque emanan de la realidad histórica, política, social y económica del país, y que están sujetas a la interpretación de quienes tienen la responsabilidad legal de hacerlo.
Es decir, las normas legales no solo responden a la realidad que las motiva, sino a la capacidad analítica y contextual de quien las interpreta y aplica. En este caso, la interpretación y su operatividad depende de alguien que puede tener prejuicios, intereses, inclinaciones y preferencias ideológicas, políticas y, desde luego, económicas.
En la situación presente, la creciente intervención de la SCJN en los propósitos transformadores del actual presidente de la República llama, por lo menos, la atención.
¿Tendrá alguna razón, más allá de los vericuetos legales de ocasión, el máximo tribunal para impedir el trabajo del Poder Ejecutivo y pasarse por el arco del triunfo los acuerdos y decisiones del Poder Legislativo?
De ser así, estaremos ante una falla coyuntural del equilibrio de poderes, del armazón competencial que da rumbo y certidumbre a la cuestión pública en el país, que se traduce en la presencia y acción de un poder que se pone por encima de los demás en clara mandada al carajo de la propia Constitución. Llamar a esto golpe de Estado pudiera ser una descripción razonable.
Ahora, si la oferta que le dio el triunfo a AMLO en el 2018 fue la de la transformación nacional, el combate a la corrupción y el fin de los privilegios, ¿qué supone el bloquear iniciativas que benefician al país y permiten el progreso económico y social, impidiendo cambios en el armazón legal y económico del régimen anterior?
Atacar porque sí cualquier iniciativa de alcance nacional es ponerle una camisa de fuerza al Ejecutivo, generando las condiciones para que el clima de tensión política y crispación social llegue a niveles de ingobernabilidad, con rumbo al infame calificativo de ‘Estado fallido’, inventado por los teóricos y operadores de la intervención militar que tenemos por vecinos.
El nuevo deporte nacional, reservado a las élites y sus aplaudidores, es el de atacar cualquier cosa que haga el actual gobierno, y tratar de generar un clima de crispación social abonado por una prensa gatillera y deshonesta.
La prensa mercenaria que dosifica la información, la manipula y en muchos casos miente como respira, parece que en este sexenio en particular reclama su carta de ciudadanía y se pone el gorro frigio de las libertades prostituyéndolas.
La mercantilización de las conciencias, independientemente de que exista algún estímulo económico directo o inmediato, es producto de la decadencia moral en la que nos ha sumido la ideología del mercado, y la globalización como camino de la hegemonía anglosajona materializada en el dominio económico, militar y cultural del norte global capitaneado por EEUU.
Los tratados de ‘libre comercio’ no han sido más que camisas de fuerza al desarrollo nacional independiente y mecanismos de cobro, político y social de las naciones que caen, o se ven obligadas a caer en esta trampa.
El país que se ha especializado en la coacción militar y política y en los golpes de Estado prospera gracias a sus cómplices nacionales, a mexicanos desclasados o simplemente comprometidos emocionalmente con la ideología neoliberal, esencialmente discriminatoria y de falso compromiso con la libertad y la democracia.
La idea de una oposición nacionalista y valiente, honesta y comprometida con el país, se ha esfumado gracias a la mercantilización de la política y la influencia de los juniors, parásitos empresariales metidos a profetas de la vuelta a pasado.
La derecha autóctona, pero transnacionalizada, hace el trabajo sucio y teatraliza la protesta nacional en una coreografía no solo sobreactuada, sino esencialmente inmoral, con lo que la ideología, modos y maneras de desestabilizar al gobierno encaja en los supuestos del viejo manual de la CIA de cómo derribar gobiernos, ahora con golpes ‘suaves’, en este caso de carácter judicial.
Si uno de los poderes de la Unión invalida y ataca a los otros, no se puede hablar de Estado de derecho, ni de defensa de las libertades, sino de una especie de dictadura judicial que abona los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Una traición en toda forma, pero hipócrita y cobarde, vestida con toga y birrete.
La SCJN, en actitud disruptiva, atenta contra la soberanía nacional y propicia el avance de los intereses del conservadurismo ligado a los intereses del extranjero, lo cual es ya inocultable a pesar de la prensa que maquilla cuando no embalsama la realidad nacional
Pero como dice el clásico: solo el pueblo podrá salvar al pueblo. Tiro cantado para el 2024.
