El historiador Camilo Vicente Ovalle, quien se desempeña como enlace técnico de la Comisión para el Acceso a la Verdad que investiga la llamada ‘Guerra Sucia’, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha sido espiado con el software Pegasus, desarrollado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.
Así lo dio a conocer el sábado el diario estadounidense The Washington Post (WP), que cita como fuente un análisis forense del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
El reporte de los periodistas Oscar López y Mary Beth Sheridan señala que existen indicios de que el principal investigador de la Comisión, que se centra en investigaciones de violaciones de derechos humanos desde la década de 1960 y hasta 1980, “ha sido atacado con software espía de grado militar”.
La revelación se suma a la publicada el pasado 22 de mayo por The New York Times (NYT) sobre el presunto espionaje al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien lidera los trabajos de investigación del gobierno federal de la Comisión de la Verdad y del caso Ayotzinapa, misma que sugiere que el Ejército puede estar detrás del mismo, ya que es la única entidad en México que tiene acceso al programa espía.
En el reporte, escrito por Natalie Kitroeff y Ronen Bergman, se adelantó que otros dos funcionarios cercanos a Encinas habían sido espiados con Pegasus, de acuerdo con análisis del Citizen Lab.
En el caso de Camilo Vicente Ovalle, la institución de la Universidad de Toronto reseñó en su un informe revisado por WP que en diciembre del año pasado el funcionario recibió un correo de Apple en el que se le advirtió que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el Estado”.
Aunque el diario no señala directamente a un autor de los ataques, recuerda que Pegasus solo se vende a las agencias gubernamentales y que grupos de derechos digitales y organizaciones de defensa de los periodistas han señalado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la institución que se encuentra detrás de los presuntos ataques.
Si bien WP buscó al Citizen Lab y a Camilo Vicente Ovalle, éstos declinaron hacer comentarios en torno al informe. Tampoco la Sedena, ni la Presidencia de la República quisieron posicionarse sobre la revelación.
El pasado 23 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia matutina el espionaje a Alejandro Encinas, aunque negó que éste fuese ejecutado por el Ejército.
“Nosotros no espiamos, no somos iguales, y no torturamos y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos”, señaló el presidente.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’ (Centro Prodh), Artículo 19 y R3D condenaron entonces que el mandatario minimizara el presunto espionaje y no ordenase una investigación del mismo.
Carlos Pérez Ricart, miembro de la Comisión de la Verdad y académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró al WP que el presidente se encuentra en una encrucijada.
“Un estado democrático tiene que tener control sobre sus instituciones de seguridad e inteligencia. Todo indica que no es así”, señaló, al tiempo que criticó la reacción pública del mandatario, cuyos comentarios, dijo, “no han sido satisfactorios”.
El informe del Citizen Lab sobre el teléfono celular de Vicente Ovalle no pudo determinar las fechas de la infección con Pegasus, pero el correo electrónico de Apple sugiere que éste ocurrió en la segunda mitad del año pasado.
Las fechas coinciden con el espionaje con Pegasus al Centro Prodh, documentado por la investigación ‘Ejército Espía’ en abril de 2023, en la que participaron R3D, Social TIC y Artículo 19, junto con Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político. Los directivos del centro fueron blanco de al menos cinco infecciones alrededor de junio, julio y septiembre de 2022, según el dictamen emitido por Citizen Lab.
También coincidiría con el espionaje a Encinas realizado el año pasado durante los trabajos de la Comisión de la Verdad.
Consultada por WP sobre el espionaje a Ovalle, la empresa israelí NSO Group aseguró que Pegasus “solo se vende a clientes de inteligencia y fuerzas del orden que usan estas tecnologías para prevenir el crimen y el terror a diario”.
Además, criticó el trabajo del Citizen Lab, del que dijo “sigue produciendo informes no concluyentes que no pueden diferenciar entre las diversas herramientas cibernéticas en uso”.
“Aunque NSO no opera su tecnología y no está al tanto de la inteligencia recopilada, inició la política de cumplimiento y derechos humanos líder en la industria para investigar todas las acusaciones creíbles de uso indebido”, dijo y señaló que había rescindido “múltiples contratos” al encontrar un uso indebido de su tecnología.
El pasado 2 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado mexicano a continuar con las investigaciones por el uso de Pegasus en México, pues se registra un aumento sobre personas afectadas, como son periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, el pasado 28 de mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deslindó al gobierno federal de las actividades de espionaje con el programa Pegasus, contradiciendo evidencia recolectada en México y otras partes del mundo.
