Por Guillermo Domínguez
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habló sobre la contratación de Sonia Vargas Terreno, funcionaria investigada por haber colaborado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable en Estados Unidos por haber participado en el tráfico de drogas desde México hacia Norteamérica y además ser parte de la delincuencia organizada.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario destacó que la servidora pública fue aceptada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a su pasado como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva durante la gestión del extitular de la SSP, durante el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con lo informado por AMLO durante la conferencia del pasado 19 de mayo, Vargas Terreno es investigada por haber firmado contratos de adquisición, mantenimiento, infraestructura, así como prestación de servicios en el gobierno antepasado. No obstante, habría sido unida a las filas del Poder Judicial el 1 de abril de 2023 para ocuparse de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.
¿Qué contratos firmó Vargas Terrero?
Pablo Gómez aseguró que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna. Aseguró que Sonia Vargas Terreno realizó operación que consisten en 71 millones 600 mil dólares.
“Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”, dijo.
Las autoridades mexicanas, indicó, hicieron contrataciones por servicios de 2012 a 2018 en las que están involucrados funcionarios como Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Cisen; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como Enrique Salinas Romero, director General de la Política y Estadística Criminal.
Destacó que todas las erogaciones que se hicieron a un conglomerado de empresas manejadas por un par de personas para sistemas de rastreo, sistemas de inteligencia y telefonía celular. Estas operaciones, dijo, se llevaron a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo”, dijo sobre estas acciones que habrían llevado a desviar más de 700 millones de dólares, los cuales el gobierno de México espera recuperar gracias a un juicio civil en Florida, Estados Unidos.
Dio a conocer que las personas mencionadas en este informe son investigadas por la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra buscando más evidencias para que se determine si estos funcionarios cometieron algún acto de corrupción.
Información de El Heraldo de México
