El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, demandó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer resolvieron que es inconstitucional trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional (Sedena), que salgan a la calle a explicar su fallo.
El funcionario insistió en que esa postura se emitió desde el “criterio político, no jurídico”, por lo que es “lamentable que actuaran como constitucionalistas de ocasión”.
El funcionario acudió con la representación presidencial a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska, marco en el que fue entrevistado sobre el fallo judicial, adverso a la reforma legal aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.
“Ahora que vayan a la calle y que le digan a los ciudadanos, al pueblo de México, por qué no están de acuerdo en que se construya la seguridad de todos desde una formación, un ejemplo de institucionalidad como son los miembros de las Fuerzas Armadas”, demandó el funcionario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el martes la reforma legal del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.
El pleno de la SCJN apoyó con ocho de 11 votos el proyecto del ministro Luis González Alcántara, quien propuso invalidar la reforma que promulgó el Gobierno en septiembre de 2022 para trasladar la operación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en vez de a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El ministro argumentó que en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 se establece que la administración de este cuerpo, que ahora tiene cerca de 128.000 integrantes, debe estar a cargo de la secretaría encargada de la seguridad pública.
“Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual, las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles”, consideró la presidenta de la SCJN, Norma Piña.
La reforma representa un revés a la estrategia de López Obrador, quien ha implementado reformas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas, que han desplegado cerca de 90,000 agentes en tareas de seguridad pública antes reservadas a civiles.
Su principal apuesta para contener la violencia ha sido la Guardia Nacional, que él prometió mantener civil.
Pero en 2022 envió una reforma legal para trasladar su control al Ejército al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.
Antes de la votación de la Corte, el mandatario negó en su rueda de prensa matutina que esté “militarizando” al país al argumentar que debía ceder la Guardia Nacional al Ejército para evitar que se corrompa.
“Utilizan como excusa de que se va a militarizar el país. Los que aplaudían cuando utilizaban al Ejército para reprimir al pueblo ahora están preocupados y son defensores de derechos humanos. Hipócritas”, sostuvo.
Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanos a López Obrador, votaron en contra de invalidar la reforma al replicar los argumentos del mandatario.
En particular, señalaron que, aunque la Guardia Nacional pase a manos del Ejército no se militariza porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas.
“No se puede confundir la Secretaría de Defensa Nacional con el Ejército. No son lo mismo”, señaló Zaldívar.
La reforma había causado controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército mexicano de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera de México con Estados Unidos.
-Con información de EFE y Expansión
