Joe Biden anunció que miles de migrantes enviados a EEUU como ilegales cuando eran menores ahora tendrán las prestaciones de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Esta medida permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), aprobada por el entonces presidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.
“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, dijo Biden en un video publicado en su página de Twitter. “Necesitamos darles a los ′dreamers′ las oportunidades y el apoyo que merecen”.
Es probable que la iniciativa genere un rechazo considerable de parte de los mandatarios conservadores de los estados que se han mostrado reacios a ampliar Medicaid y que critican la respuesta del gobierno de Biden al ingreso irregular de inmigrantes a Estados Unidos.
Si bien el gobierno federal brinda fondos y pautas para Medicaid, el programa es administrado por los estados.
El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres llevaron a Estados Unidos cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país.
Sin embargo, no pudieron acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplieron el requisito de tener una “presencia legal” en el país.
Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar a final de mes .
La decisión de la Casa Blanca se produce en un momento en que DACA enfrenta cuestionamientos legales y el número de beneficiarios se reduce.
Se estima que 580 mil personas siguieron enroladas en el programa a finales del año pasado, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), una cifra inferior a la de años anteriores.
Órdenes judiciales actuales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese nuevas solicitudes.
El programa lleva años inmerso en desafíos legales, mientras que el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.
Los beneficiarios de DACA pueden trabajar de forma legal y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y se les niegan muchas de las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en el país.
En los últimos años, durante la pandemia del coronavirus, millones de personas se apuntaron en Medicaid, el programa que ofrece cobertura sanitaria a los estadounidenses más pobres.
El gobierno incrementó los subsidios federales para reducir el costo de los planes de salud comerciales, según la ley de atención médica pública.
El año pasado, solo el 8% de los estadounidenses no tenían seguro médico, según el HHS.
Pero ni los beneficiarios del DACA ni quienes están en el país sin la documentación pertinente pueden ingresar a estos programas financiados con fondos federales. Casi la mitad de los alrededor de 20 millones de inmigrantes que viven bajo esta situación no cuentan con seguro médico, según una investigación de la Kaiser Family Foundation.
Otras clases de inmigrantes —incluidos los solicitantes de asilo y personas con estatus de protección temporal— tienen de antemano la posibilidad de comprar un seguro médico a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la ley de atención médica de Obama a la que se conoce como “Obamacare”.
Información de AP
