Por Renan Quintal de El Financiero
Los magistrados del Poder Judicial de la Federación con sede en Cancún aprobaron la entrada de Uber a los destinos del estado, luego de desechar los amparos promovidos en contra por parte de los trabajadores del volante.
Argumentaron que la plataforma de transporte digital presta un servicio privado y no es transporte público, por lo que tampoco puede ser concesionado y regulado como los taxis.
La aprobación cayó como ‘balde de agua fría’ a los cientos de choferes y líderes gremiales que se plantaron en las instalaciones del Poder Judicial, aunque la decisión de los magistrados también se basó en que la aprobación de la entrada de la plataforma brindará un ‘abanico’ de opciones de transporte a los ciudadanos.
Además, esgrimieron que resulta anticonstitucional la Ley de Movilidad de Quintana Roo al tratar igual al transporte público de taxis con el transporte privado de las plataformas digitales, y que no es legal que le exijan a Uber una concesión para brindar el servicio.
¿Qué necesita Uber para regresar a operar en Quintana Roo?
Sin embargo, para poder operar sin presión de parte de los taxistas y autoridades, Uber tendrá que solicitar la anuencia al Instituto de Movilidad de Quintana Roo.
Luego de la aprobación, prestadores de servicio, hoteleros y ciudadanía en general pensaron que los taxistas bloquearían las diferentes carreteras del estado, situación que hasta el momento no ocurrió.
Eleazar Sagrero, líder del Frente Único de Trabajadores del Volante en Quintana Roo, comentó que se van a tomar procedimientos jurídicos legales.
“Esto no está perdido y en cierta forma esto no se acaba. Esto es un proceso, sigue el proceso y tendremos que hacer nuestra parte jurídica también”, afirmó.
Los líderes de los sindicatos se reunirán durante la tarde de este miércoles para definir las acciones a seguir después del fallo.
La última vez que Uber pudo operar en Quintana Roo fue en 2017. Fue en diciembre de ese año cuando un juez federal otorgó una suspensión definitiva a la aplicación de la reforma a la Ley de Movilidad local, la cual no permitía al transporte privado bajo demanda operar en la ciudad.
