Madrid, 10 de diciembre (Europa Press).– El Poder Judicial peruano ha admitido a trámite la demanda de habeas corpus presentada por el abogado de Pedro Castillo que busca la liberación inmediata del expresidente, quien se encuentra detenido de manera preliminar por una semana por estar acusado de un delito de rebelión después de anunciar la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones.
Según recoge La República, el letrado señala que Castillo fue detenido de forma “irregular e ilegal” por este delito ya que, dice, no existe evidencia de que hiciese uso de armas, sino que se limitó a leer un discurso.
El Tercer Juzgado Constitucional de Lima ha decidido admitir a trámite la demanda contra el Poder Judicial en base a este argumento por la presunta vulneración de la libertad individual de Castillo, según detalla el diario local.
Este Tribunal se distancia así de la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima que el jueves declaró improcedente el habeas corpus presentado contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el jefe del Equipo Especial PNP, el coronel Harvey Colchado.
PERÚ SE QUEJA DE “INJERENCIA DE MÉXICO EN ASUNTOS INTERNOS“
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha convocado al Embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, en protesta por la “injerencia” del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en los asuntos internos de la nación andina.
La cartera diplomática peruana ha denunciado que los comentarios tanto de López Obrador, como del Ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, “no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes” en Perú.
“Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, se lee en el comunicado.
Así pues, la convocatoria de Monroy se da apenas unos días después de que el expresidente peruano, Pedro Castillo, fuera detenido tras una suerte de golpe de Estado. Tras esto, las autoridades mexicanas se han desmarcado de la tendencia internacional, que ha ido en la dirección de criticar la decisión de Castillo.
El Ministerio de Exteriores ha trasladado a Monroy “la necesidad de que los Estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”.
