Por Mauricio Torres
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron aprobar en fast-track el “plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de que la oposición consiguiera frenar la propuesta de cambios constitucionales impulsada por el mandatario —a la que impidió tener mayoría calificada—, el bloque encabezado por Morena presentó su documento alternativo, logró que se le dispensara el trámite de ir a comisiones para dictaminación y aprovechó su mayoría simple para sacarlo adelante en cuestión de solo unas cuantas horas.
El “plan B” se conforma de dos iniciativas. Una plantea cambios a tres leyes y la expedición de una nueva, con lo que busca reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) —institución continuamente criticada por López Obrador—, así como acortar la duración de los procesos electorales. La otra iniciativa cambia otras dos normas para acotar el concepto de “propaganda gubernamental” con el fin de que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así.
No obstante, este paquete tuvo que dejar fuera puntos incluidos en el “plan A” de López Obrador, como modificar el método de selección de consejeros y magistrados o disminuir el número de diputados y senadores, puesto que estos requerían por fuerza reformar la Constitución.
Las leyes que ahora propone modificar el presidente, en su primera iniciativa, son la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto que quiere crear una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, que reemplace a la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En este tema, la votación en lo general quedó en 267 a favor y 219 en contra, y en lo particular, en 261 a favor y 216 en contra.
Dentro de la segunda iniciativa, el Ejecutivo propone cambiar las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
En este tema, la votación fue de 267 a favor y 221 en contra, en lo general, y de 267 a favor y 215 en contra, en lo particular.
Tijera a INE
La iniciativa presidencial insiste en sus críticas al INE, al que tacha de no cuidar la democracia y ser costoso para el país.
“En más de 30 años de existencia, en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso de gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México hacia la democracia”, dice el documento.
“La ambición de estos grupos ha costado al país el pago de las personas funcionarias públicas más caras. El derroche del INE ha dejado, además, uno de los procesos electorales más caros del mundo”, añade.
Por ello, plantea reducir la estructura del instituto autónomo. Por ejemplo, busca que sus órganos distritales pasen de 300 a 260, lo mismo que fusionar algunas áreas. La propuesta plantea que se fusionen las direcciones de Organización Electoral y de Capacitación, así como la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con la Dirección Jurídica.
La iniciativa de López Obrador retoma otro de sus principales objetos de crítica: los sueldos de los consejeros electorales. Al respecto, plantea asentar en la ley secundaria que no puedan ser superiores a los del presidente de la República y que no puedan argumentar la excepción de desempeñar un trabajo técnico especializado.
En principio, se planteaba eliminar la Sala Regional Especializada del TEPJF, pero el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, presentó una reserva para que esa instancia prevalezca y siga encargándose de resolver los procedimientos especiales sancionadores.
Procesos más cortos
La propuesta presidencial considera que los procesos electorales actuales son muy largos y que esto se traduce en un mayor gasto público.
Argumenta que es necesario modificar esto, de manera que, por ejemplo, el proceso electoral de una elección presidencial no inicie en septiembre del año previo a la votación —como ocurre actualmente—, sino en noviembre.
En la misma línea, plantea acortar el tiempo para elegir y capacitar a las personas que fungen como funcionarias de casilla.
“Con el nuevo calendario (propuesto) en la organización de comicios, se reduce el tiempo de insaculación, capacitación y selección de personas ciudadanas que integran las mesas directivas de las casillas. Tan solo la primera etapa de capacitación podría pasar de 54 a 26 días, en promedio”, expone.
“Con este cambio se elimina el proceso robusto e innecesario en la designación de personas ciudadanas para la integración de casillas. Ahora, en vez de seleccionar a la ciudadanía a partir de un número máximo de personas, se buscará una cantidad óptima (de) ciudadanos a visitar por parte del instituto para su capacitación”.
Incluso, la reforma propone que el inicio del cómputo oficial de los votos de una elección inicie el mismo domingo de la jornada de votación a partir de las 18:00 horas, en vez de que arranque hasta el miércoles siguiente como sucede en la actualidad.
“Expresiones”, no “propaganda”
El “plan B” impulsado por el presidente también considera que se deben limitar las acciones de las autoridades electorales para evitar que “interpreten” la ley y limiten lo que digan los funcionarios públicos o lo consideren propaganda gubernamental.
Para ello, plantea que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las normas que, en su caso, regulen la libertad de expresión”.
Con esto, el gobierno de López Obrador, Morena y sus aliados buscan evitar que por sus dichos se sancione por posibles violaciones a la ley electoral a sus militantes que ocupen algún cargo.
Derecho al voto y candidaturas
En otros apartados, el paquete propuesto plantea modificar la ley actual para garantizar que las personas en prisión preventiva puedan votar, así como la obligación de que los partidos deban postular para diputaciones federales y senadurías a personas de grupos en situación de vulnerabilidad.
Los grupos contemplados son personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, jóvenes, migrantes y residentes en el extranjero. Hasta la fecha, su inclusión en candidaturas ha sido impulsada por decisiones del INE y el TEPJF, pero no está incluida en las leyes en la materia.
En el Senado, al igual que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobar el “plan B” de López Obrador por sí solos, sin apoyo de la oposición.
