Un tribunal argentino sentenció este martes a seis años de cárcel a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haber liderado una organización delictiva que direccionó obras públicas a un empresario allegado durante su presidencia.
El fallo agrega la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.
La exmandataria fue absuelta como presunta integrante de una asociación ilícita.
La sede de los tribunales federales de Buenos Aires amaneció rodeada de vallados y de policías para evitar posibles desmanes de simpatizantes de la exmandataria (2007-2015), que han anunciado que se movilizarán hasta allí para darle su respaldo en caso de que sea condenada.
Durante la última audiencia virtual del juicio que comenzó en 2019, el Tribunal Federal dio a conocer su veredicto cerca de las 5:50 pm de la tarde de este martes, en medio de una enorme expectación.
El caso contra Cristina Fernández de Kirchner
La exmandataria está acusada de ser la jefa de una “asociación ilícita” y de administración fraudulenta -defraudación al Estado- por unos 1,000 millones de dólares.
El veredicto también refiere a otros 12 acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, acusado de haber sido beneficiado con 51 obras financiadas con fondos públicos, y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
Este ha sido el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena en su contra. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas mientras que otras, por distintos delitos, siguen abiertas.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner desapareció.
También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron.
Señalaron que este esquema corrupción, “el mayor que se haya conocido en el país”, también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció en 2010, tres años después de dejar el poder.
Fernández de Kirchner negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.
La exmandataria afirma que las imputaciones no tienen sustento jurídico y sostiene que “las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución”.
Asimismo, afirma que ninguna de las obras investigadas resultó improductiva o innecesaria.
La dirigente centroizquierdista se considera una perseguida de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), para apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo.
Información de Univision
