La Cámara de Diputados aprobó que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) estén obligados a atender “con amabilidad, eficiencia y dignidad”, frente a las múltiples denuncias de maltrato y negligencia médica presentadas contra los organismos.
Por unanimidad de 475 votos, los legisladores aprobaron reformar los artículos 303 de la Ley del Seguro Social y 29 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el fin de asegurar una atención digna y eficiente en ambas instituciones.
La iniciativa suscrita por la diputada morenista, Socorro Irma Andazola Gómez, refiere que a pesar de que existen reglas que establecen la obligatoriedad de los servidores públicos de dar una atención de calidad, con ética, calidez, buen trato, igualdad y sin discriminación, existen miles de denuncias contra el personal médico y administrativo tanto del IMSS como del ISSSTE.
Según la misma, pacientes de dichas instituciones han sido maltratados en diferentes áreas, a través de la dilación en la atención, ignorar sus necesidades o presencia, malas contestaciones y regaños, entre otros.
El dictamen señala que la capacidad instalada se ve rebasada tanto en instalaciones como en recursos, lo que deriva en retrasos en la atención, falta de medicamento, atención deficiente o nula. A esto se suman casos de maltrato, discriminación y vulneración de los derechos humanos.
Estos últimos, apunta, se materializan de diferentes formas, entre las que se encuentran discriminación por apariencia, negligencia médica, falta de orientación o canalización para trámites, omisión en el suministro de medicamentos, ignorar a las personas dejándolas incluso sin atención, entre otros.
Junto a estos, también se reporta que, por errores en el registro de los datos de derechohabientes, se les niega atención médica, sin orientar a los pacientes sobre cómo solucionarlos, a pesar de que el problema que fue originado por malas prácticas administrativas por los mismos trabajadores de los centros médicos.
El documento sustenta sus declaraciones en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la CNDH, el IMSS encabeza la lista de las dependencias de gobierno con más quejas entre enero y septiembre de 2021, sumando un total de mil 950 a escala nacional. A este le sigue el ISSSTE, con 712.
La Ciudad de México es la localidad con el mayor número, acumulando 45.2% del total. Las más recurrentes son omitir suministrar medicamentos y proporcionar atención médica, con 27% y 26.7%, respectivamente.
Ante esto, el dictamen propone reformar el primer párrafo del artículo 303 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Los servidores públicos del Instituto, están obligados a observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez, buen trato y calidad en la prestación de los servicios y en la atención a los derechohabientes y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público.
Durante la sesión en la Cámara de diputados, la legisladora Socorro Irma Andazola Gómez reiteró que tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con códigos de conducta y ética que prevén la obligación del personal médico de prestar una atención adecuada y de calidad.
“Sin embargo, durante años mayoritariamente los testimonios fueron de maltrato y falta de calidad en los servicios. De ahí las denuncias por malas prácticas”, denunció.
Por ello, consideró indispensable la reforma planteada para brindar un trato digno a los pacientes que acuden a ambas instituciones.
“Si el derecho a los servicios de salud no está garantizado es imposible garantizar el ejercicio de los demás derechos”, subrayó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Luján, explicó que el propósito del dictamen es robustecer los procesos de capacitación.
Las reformas fueron remitidas al Senado de la República.
