Columna Agenda Abierta
Tan sólo desde hace 25 años, los mexicanos hemos tenido la oportunidad de conocer el fenómeno de la alternancia en los gobiernos. Un periodo en el que hemos podido vivir el cambio de partido en el poder y comprobar que no se trata de una amenaza para la estabilidad del régimen político o la seguridad física, patrimonial o legal de la población.
En 1997, por primera vez en la historia de la democracia en nuestro país la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estuvo conformada por minorías. Un fenómeno que significó que el PRI dejase de ser mayoría para convertirse en la primera minoría, y que permitió que el PAN y el PRD pasaran a convertirse en la segunda y tercera minoría, respectivamente.
Ese mismo año, Cuauhtémoc Cárdenas ganó el gobierno del Distrito Federal convirtiéndose en un referente democrático a nivel internacional y marcando un hito en la historia moderna de México. Sobre todo después de los resultados obtenidos años antes en 1988, durante la elección presidencial frente a Carlos Salinas de Gortari.
Al recordar estos acontecimientos, es importante advertir que la diferencia determinante con respecto a elecciones anteriores se remitía a la estructura y los alcances de la autoridad electoral, responsable de la conducción y calificación de las elecciones. Pues no olvidemos que entre 1951 y 1990, el órgano responsable de dicha labor era la Comisión Federal Electoral (CFE).
Se trataba de un órgano político formado por un Comisionado Titular del poder ejecutivo, y que era liderado por el secretario de gobernación en turno, quien fungía como Presidente de la Comisión.
Recordemos, por ejemplo, que en 1988 cuando “se cayó y se calló” el sistema en la victoria de Salinas de Gortarí, irónicamente el titular de la CFE era Manuel Bartlett Díaz.
En su composición, la CFE contaba con un representante de cada partido político, dos representantes del poder legislativo que debían de ser un diputado y un senador seleccionados por sus respectivas cámaras o por la Comisión Permanente, y un notario público contratado para ejercer la función de Secretario.
Las amplias atribuciones de la CFE le permitían un control total de las elecciones y del registro permanente para los partidos políticos. Asimismo, sus facultades legales le permitían una interpretación amplía y la aplicación discrecional de la ley electoral vigente.
De manera adicional, la CFE tenia como otra de sus principales atribuciones la asignación de tiempos de radio y televisión y las prerrogativas que regían el uso de esos medios.
Por otro lado, contaba con la facultad estratégica de determinar, según el cambio de “humor electoral” de la población, la distribución geográfica de los distritos electorales y también fijaba el número de candidatos en las listas pluri y uninominales.
La CFE también funjía como órgano jurisdiccional, puesto que en la prática era la encargada de presentar la resolución a cualquier conflicto o apelación con respecto a las elecciones.
De esta forma, en un solo órgano controlado por el ejecutivo y la mayoría del legislativo se organizaban, supervisaban, calificaban y sancionaban legalmente las elecciones.
A partir de la reforma electoral de 1996, el Congreso de la Unión modificó
el artículo 41 constitucional y promulgó un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dos acciones que reforzaron la autonomía e independencia del sistema electoral al desligarlo por completo al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos.
A partir de estas modificaciones, se dio pie al establecimiento de un organismo público y autónomo denominado en ese entonces Instituto Federal Electoral (ahora INE), el cual goza desde entonces de personalidad jurídica y patrimonio propios. Una institución que con la participación del Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, permitió que en el curso de los últimos 25 años hayamos vivido un periodo político de democracia y alternancia.
En la actualidad Morena gobierna en 22 entidades federativas, desde 2018 se encuentra en la Presidencia de la República y ha logrado mantener la mayoría en el Congreso de la Unión y en una veintena de Congresos Locales.
Fundamentalmente lo ha logrado porque la organización de las elecciones, su calificación y los mecanismos para dirimir legalmente los conflictos y las controversias postelectorales están conducidos por instituciones autónomas del poder, con participación de expertos e intervención ciudadana.
¿Por qué cambiar ahora algo que está funcionando?
Sin lugar a dudas existen muchas cosas que se pueden perfeccionar. Abramos el espacio después del 2024 para discutir abiertamente la nueva ola de reformas electorales y para aplicarlas en las próximas elecciones intermedias.
No caigamos en la tentación de convertir al arbitro electoral en parte de la porra del equipo que va ganando.
Dejemos a los ciudadanos del futuro la oportunidad de definir quien los gobierna, para que también ellos tengan, en la siguiente elección, la oportunidad de corregir su errores si es que así lo desean.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
