Ciudad de México (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que acatará los amparos promovidos contra el pilotaje del nuevo plan de estudios, por lo que su prueba será suspendida de manera temporal.
Fue durante la Reunión Nacional de Autoridades Educativas Estatales que, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, dijera que seguirá la legalidad al pie de la letra de acuerdo con los amparos promovidos contra el Artículo Cuarto Transitorio del Acuerdo 14/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Es ante esto que, de forma temporal y en respeto al Estado de Derecho, no se aplicará el programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, sin que represente la reuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente”.
También explicó que la Secretaría interpuso los recursos previstos en la Ley, de los cuales espera pronta resolución a favor del “interés superior de niñas, niños y adolescentes del país”.
Finalmente, aclaró que, aunque el programa piloto se haya suspendido, continuará la formación para docentes sobre el Plan de Estudios para los tres niveles de educación básica y se realizará conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2022-2023.
El pasado 2 de octubre, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México suspendió la entrada en vigor del Programa Piloto implementado por la SEP en 960 escuelas públicas al considerarlo inconstitucional y cuestionar su apego al Modelo Educativo.
El amparo promovido por la asociación civil Educación con Rumbo bajo el expediente 1457/2022 sostiene que el nuevo plan educativo viola por lo menos cinco artículos de la Constitución, y no fue sometido a consulta ante el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación (Conapase).
Miguel Ángel Ortiz, abogado y representante de la asociación, también detalló en un comunicado que este Programa Piloto establece dos modelos de educación: uno para 960 escuelas que no cumple con el estándar de calidad ni cuenta con certeza en sus planes, programas y material educativo, además de maestros capacitados; mientras que el otro es para el resto de escuelas públicas y privadas.
Además, afirmó que no hay justificación legal para que la dependencia implemente este plan educativo sólo en escuelas públicas, por lo que este modelo que se aplicaría a los niños de las 960 escuelas resulta discriminatorio.
