La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó este lunes una segunda denuncia contra empresas en Estados Unidos por tráfico de armas, informó el canciller Marcelo Ebrard.
El funcionario explicó que esta denuncia es contra cinco empresas que están ubicadas en Arizona y cuyas armas han sido detectadas en delitos cometidos en México.
“México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas contra, especialmente, cinco empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México”, dijo Ebrard.
El funcionario consideró que las compañías denunciadas están incurriendo en tráfico de armas, pues es recurrente la venta que hacen de sus artículos, aún a sabiendas de que terminan en México.
Ebrard subrayó la importancia de estos recursos legales, pues forman parte de la estrategia para frenar la violencia en el país, además de que es parte de una colaboración binacional con EU.
“Si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que está bien, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño”, señaló.
En su comparecencia el miércoles pasado en el Senado, el canciller adelantó que México presentaría esta nueva denuncia, luego que un juez federal estadounidense desestimó el 30 de septiembre la demanda por 10 mil millones de dólares presentada por México que buscaba responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar a cárteles de la droga el tráfico de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, sentenció que todas las denuncias de México contra Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones.
Saylor indicó que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon. También agregó que, aunque la ley contenía varias excepciones puntuales, ninguna se aplicaba.
