Columna Agenda Abierta
La inflación sigue golpeando a miles de mexicanos. Al pasar de 7.65% a 8.76% entre el pasado mes de mayo y la primera quincena de septiembre, se registró el nivel más alto en los últimos 22 años y se confirmó que los resultados de la estrategia planteada por el gobierno federal son prácticamente nulos.
En síntesis, de los 24 productos listados en la presentación del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), únicamente 4 redujeron sus precios al concluir la primera quincena de septiembre. Los 20 restantes aumentaron hasta en 75.7% como fue el caso de la naranja, o 60.7 % en el caso de la cebolla.
Así, la actual administración presentó el pasado lunes 3 de octubre el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía, el cual, en teoría, viene a reforzar el Paquete presentado en mayo pasado.
Como elementos importantes de dicha propuesta se encuentran la reducción en 8% del precio de 24 productos de la canasta básica, la congelación de las tarifas de autopistas hasta febrero de 2023, la preservación de la política de contención de precios de los energéticos y la suspensión de regulaciones que encarezcan la importación y movilidad de alimentos.
Sin duda, uno de los puntos más preocupantes del Acuerdo es el que otorga a las empresas una Licencia Única Universal, la cual les exime de la necesidad de realizar trámites u obtener permisos para la importación y distribución tanto de alimentos como de los insumos necesarios para el envase de los mismos. Una excepción que contempla incluso aquellos trámites y permisos que son materia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA), y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Específicamente, el Acuerdo establece que se les trasladará a las empresas la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplan con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.
Las empresas participantes son: Tuny (atún), Grupo Pinsa-Dolores (atún), Grupo Gruma-Maseca (tortilla), Grupo Minsa (tortilla), Bachoco (pollo y huevo), Juan (huevo), Sukarne (carne de res), Grupo Gusi (carne de res), Opormex (carne de cerdo), Sigma Alimentos (carne de cerdo), Walmart (distribuidores), Soriana (distribuidores), Chedraui (distribuidores), Calvario (huevo) y Valle Verde.
Si bien se trata de compañías que gozan de prestigio en sus mercados, lo cierto es que la decisión de delegar a particulares el cuidado de la calidad, inocuidad y riesgos sanitarios del país, representa un gran peligro para consumidores y productores agropecuarios mexicanos. Constituye, pues, una falta de responsabilidad de parte de las autoridades federales.
Es importante decirlo, aún cuando el nivel de compromiso social de las empresas es incuestionable, persiste la posibilidad de que se puedan introducir al mercado nacional productos que no cumplan con normas oficiales. Esto expone tanto a consumidores como a especies vegetales y animales al riesgo de contraer enfermedades o de exponerse a sustancias prohibidas por las leyes mexicanas, lo cual además podría terminar causando afectaciones a la actividad económica.
El Consejo Nacional Agropecuario ya ha manifestado su preocupación. Advirtió, por ejemplo, que ante la falta de análisis y valoraciones por parte laboratorios e instancias especializadas, existentes únicamente bajo la esfera gubernamental, se corren riesgos tales como la importación de carne de res o aves contaminadas con alguna enfermedad, o procesada y empaquetada bajo condiciones inadecuadas para la salud.
Diversas instancias han desatcado que la eliminación de la protección sanitaria será contraproducente, aún cuando se haga bajo el argumento de facilitar el comercio de algunos importadores, puesto que atenta claramente contra la producción nacional al exponerla al riesgo de que en el contexto de los movimientos transfronterizos diarios se permita el acceso de enfermedades, incluso zoonóticas, es decir, transmisibles de animales a humanos y que potencialmente terminan con sectores completos.
El ejemplo más vivo, de entre miles, señalado por la Organización de Porcicultores Mexicanos, es el de la Peste Porcina Africana, la cual ya debastó tanto la producción como el abasto de cerdo en China durante el 2020. Vale decir que el movimiento de esa enfermedad, surgida en Europa del Este, recorrió el planeta y hoy se encuentra ya en el continente americano.
Entre 2018 y 2022, el SENASICA interceptó 984 embarques con presencia de plagas de interés agrícola, entre las que se identificaron 95 especies de plagas que iban desde insectos y malezas hasta hongos, bacterias, nematodos y otros. En el escenario en el que cualquiera de estos hubiese logrado acceder e instalarse en el país, la producción nacional se habría visto detenida en diversos grados.
La sanidad (que por cierto nos ha llevado varios años integrar de forma efectiva) no es ni debería de ser negociable, es un tema técnico y un activo que le da orden interior y certeza a la producción nacional, en tanto brinda protección contra las amenazas sanitarias del exterior.
La organizaciones de productores han solicitado privilegiar la ventaja competitiva que se tiene y proceder a fortalecer y proteger el estatus fitozoosanitario, con el objetivo de seguir creciendo y aumentar la seguridad alimentaria. Es decir, ha promovido la idea de asegurar el abasto agroalimentario sin comprometer su sanidad.
En sus años en campaña, el presidente señaló que no debiera permitirse el abuso de la política con la entrega de bienes de escaso valor a los pobres; “no al frijol con gorgojo”, fustigó.
Sin duda, eximir de los trámites y permisos sanitarios a los alimentos tendrá más repercusiones negativas a la economía y a la salud que los beneficios que eventualmente podría representar. Coincidimos, no debe llegar el “frijol con gorgojo” a las mesas de los consumidores.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
