Por Karina Cancino
La empresa Pacific Lifestyle Properties S.A. De C.V., deberá retirar construcciones levantadas sobre una superficie de 1,466 metros cuadrados en terrenos ganados al mar en la comunidad de San Francisco (municipio de Bahía de Banderas), por no contar con títulos de concesión para aprovechamiento y uso de suelo, ni acuerdos de autoridades para la desincorporación de esta área.
Además deberá pagar multas por 96 mil 220 pesos por daños ambientales en la zona, concluyó un dictamen de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a partir de investigaciones que realizaron el 1 y 2 de diciembre de 2021 en el lugar.
La denuncia sobre daños ambientales ante la Profepa se presentó el 13 de agosto de 2019, aunque las inconformidades de habitantes de la comunidad de San Pancho, como es conocida, se manifestaron desde 2016.
Las y los pobladores del lugar alegaban entre otras cosas, que el proyecto inmobiliario de Pacific Lifestyles Properties afectaría el entorno del lugar, los bienes comunes de las personas, de la nación, la playa y en particular el hábitat de la tortuga marina.
El oficio PFPA/4.1/2C.27/00036-21/010-2022 del 15 de agosto de este año resolvió sancionar a la empresa con distintas multas que en total suman los 96 mil 220 pesos, “al haber infringido diversas disposiciones ambientales, con motivo de la construcción de obras en terrenos ganados al mar sin contar con títulos de concesión”, advierte el documento.
Igualmente, ordena reparar el daño al ambiente a través de restituir a su estado base, la superficie en la que ha construido.
Además, estas consideraciones deben tomarse en cuenta para futuras solicitudes de concesión en la zona, firmó la directora general de denuncias ambientales, quejas y participación social de la Profepa, Florisel Santiago Martínez.
En diciembre de 2019 se dio a conocer que la empresa Pacific Lifestyles Properties, desarrolladora del complejo Punta Paraíso en San Francisco, a través de su representante Carlos Lemus, demandó ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del estado de Jalisco -expediente 487/2019- a seis activistas defensores del medio ambiente, comerciantes, y demás, por daños y perjuicios ejercidos contra estas construcciones a partir de que la manipulación con Photoshop de imágenes del lugar para hacer creer que existían irregularidades.
“Hace más de dos años han hecho declaraciones a medios y a organizaciones civiles varias, declaraciones mentirosas y manipuladas y sin ningún sustento legal y que lamentablemente nos han perjudicado enormemente siendo que el desarrollo inmobiliario que llevamos a cabo, se viene realizando dentro del marco legal y sustentable con compromiso y éticas absolutas, el proyecto se ha apegado a la ley tanto federal como municipal”, expuso el empresario.
Desde entonces, las cuentas bancarias de estas personas están congeladas, además de que tienen prohibido hacer pronunciamiento alguno sobre el caso, y de hacerlo serán objeto de sanciones; pero se espera que el panorama pueda cambiar a partir de la resolución que ha tomado la Profepa.
