México ha dado un paso atrás al avanzar en la militarización de la seguridad pública y alejarse de un enfoque basado en Derechos Humanos, denunciaron al unísono el viernes la ONU y otras entidades nacionales e internacionales.
Las organizaciones coincidieron en lamentar la aprobación del Congreso para que la Guardia Nacional quede bajo un mando militar (el de la Secretaría de la Defensa Nacional), a pesar de que ese cuerpo se puso en marcha para tener una renovada fuerza civil para que los militares fueran dejando las labores policiales y regresaran a los cuárteles.
Pero tres años después, la Guardia, que ya estaba integrada en 80 por ciento por miembros del Ejército y la Marina, queda ahora controlada operativa y administrativamente por el Secretario de la Defensa, algo que la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.
Distintas entidades llevan más de una década alertando de los peligros de la militarización de las labores policiales con el argumento de que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para esos fines.
Estos organismos también critican que el Ejército no tiene un sistema de rendición de cuentas adecuado en casos de abusos, por lo que si comenten algún crimen suele imperar la impunidad, según los críticos.
Sin embargo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido mantener a los militares en esas tareas, tanto con la ley que quedó definitivamente aprobada el viernes como con su intención de prolongar la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública hasta 2028.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el visto bueno del Congreso a su plan, pero advirtió que “la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada ‘Policía Federal que se pudrió”.
La Policía Federal fue disuelta en 2019 al ser considerada muy corrupta. Algunos de sus elementos se integraron a la Guardia Nacional.
Con las nuevas leyes, este cuerpo, además de depender del jefe del ejército, tendrá más atribuciones de investigación e inteligencia y estará cobijado bajo la justicia militar.
Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.
Información de Internet/elfinanciero.com.mx
