El futuro de la prisión preventiva oficiosa en México se definirá a partir del lunes 5 de septiembre.
Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció este jueves que los ministros acordaron que ese día se discuta y posteriormente se vote el tema en el pleno.
En esa fecha, el máximo tribunal del país realizará la discusión sobre si esta medida cautelar debe o no permanecer en la Constitución del país, de donde organizaciones de derechos humanos y grupos de especialistas piden retirarla.
Los proyectos que se han dado a conocer hasta la fecha plantean eliminar esta figura, bajo el argumento de que es violatoria a los derechos de las personas. En contraparte, el gobierno federal considera que es necesario conservarla.
Ayer, en un comunicado difundido por la Presidencia de la República -elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo-, la administración federal pidió a los ministros que mantengan la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla sería perjudicial para la seguridad pública.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que esta medida cautelar es necesaria para enfrentar algunos delitos o, de lo contrario, se genera el riesgo de que quienes los cometen queden en la impunidad.
Por el contrario, quienes critican la prisión preventiva oficiosa señalan que da pie a abusos y a que personas acusadas sean privadas de la libertad por largos periodos sin recibir una sentencia.