Columna Contra las Cuerdas
La sombra de la corrupción ronda Coahuila por la desgracia en Sabinas, donde 10 mineros siguen atrapados desde el 3 de agosto en un pozo del que extraían carbón para venderlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque no se ha hecho oficial por el costo que pueda tener entre la opinión pública, las autoridades de gobierno de los niveles estatal y federal empezaron a trascender la versión de que se diluyeron las esperanzas de encontrar con vida a los trabajadores debido al nuevo colapso que echa por tierra el esfuerzo por terminar de sacar el agua del pozo y que imposibilita el ingreso de los rescatistas al fondo de la zona siniestrada.
En medio de un arranque anticipado en el proceso preelectoral de Coahuila, donde se renovará la gubernatura en 2023, empezó el reparto de culpas y responsabilidades por permitir que los empresarios mineros trabajen violando la ley, sin cumplir las mínimas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores a la hora de explotar el carbón, pagar sueldos bajos y dejarlos fuera de la seguridad social. El discurso por 12 días de que lo importante primero que nada era el rescate en vida de los mineros, se agotó –muy lamentable para las familias, que todavía creen en el milagro—y ahora presionado por la opinión pública que demanda investigaciones y resultados en el deslinde de responsabilidades, los políticos se preparan para afrontar el siguiente paso que es marcar su raya de las consecuencias por la complacencia y contubernio para que se incumplieran las normas de trabajo en las minas.
Después de reconocer las complicaciones para sacar vivos a los mineros, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, soltó el primer golpe en contra del gobierno federal al irse directamente a la cabeza de Manuel Bartlett, director de la CFE, al asegurar que a éste se le ocurrió “la grandiosa idea de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los productores más grandes, pues provoca un coyotaje que al final termina en explotación de pozos sin la seguridad necesaria”.
Bartlett y su dependencia son responsables de la compra de carbón para generación de electricidad. Riquelme recordó su desacuerdo con la CFE en esta administración desde el inicio del esquema impulsado para asignar contratos sin visitas de personal de las dependencias involucradas como Economía y Trabajo y Previsión Social para hacer revisiones o supervisiones para poder determinar si existían las condiciones de extracción del carbón en Coahuila. Si bien, el mandatario local acepta cierta responsabilidad moral que “debemos asumir todos, yo como gobernador, la federación como tal y quienes explotan las minas”, la parte jurídica la descargó en el gobierno federal porque es un ámbito manejado 100 por ciento de ese lado.
Reprochó que el gobierno de Coahuila no haya sido involucrado de alguna forma aun cuando a pesar de que la entidad mejor que nadie conoce el campo de trabajo y mejor que nadie a los mineros en sus necesidades laborales. Aún en medio de la tragedia, la Comisión Federal de Electricidad no ha establecido comunicación con el gobernador Riquelme, de hecho, hoy se cumplen 13 días del derrumbe y Manuel Bartlett todavía no asoma la cabeza para acercarse a la zona, ni para dar un posicionamiento a la opinión pública o aclarar sobre si la dependencia a su cargo tiene un plan para modificar la compra de carbón al resto de las mineras de Coahuila y otros estados.
Sabinas es el microcosmos de los actos de corrupción en la producción de carbón y es una chicanada que ahora todo mundo empiece a quitarse responsabilidades o guardar silencio por temor a que el electorado terminé cobrando la factura en las elecciones. Sin embargo, las partes van a buscar intensificar una narrativa para que el costo en las urnas sea el menos posible.
Uppercut: En la ola de violencia del Fin de Semana pasó desapercibida la irrupción de dos hombres armados en un hospital de Torre Blanca, Ecatepec, quienes se dirigieron a una estancia médica para asesinar a dos mujeres y un joven, quien después se supo respondía al nombre de Ernesto Oliva Legra, de origen cubano. Si bien, el especialista no forma parte de los doctores de la Isla contratados por el gobierno de México para respaldar con sus servicios las carencias del sistema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, negó inicialmente la nacionalidad de una de las tres víctimas y se aventuró a señalar que era una “mentirita” de los medios, pero fue desmentido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México después de su nueva polémica por declarar con simpleza.
