Un verano lluvioso como esté, pero de hace 8 años, en un fin de semana hubo un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en la mina Buena Vista del Cobre, de Grupo México, contaminando los ríos Sonora y Bacanuchi. El fatídico 6 de agosto, en aquel entonces, también cayó en un fin de semana, cuando los habitantes de los municipios afectados empezaron a ver que el cause comenzaba a tomar un color anaranjado, como si de repente el agua se hubiera convertido refresco de Fanta sabor naranja.
La empresa minera no advirtió que una de sus represas había tenido un derrame, argumentó que la crecida del río y ese color se debía a las lluvias. Tiempo después la Conagua lo desmentiría. El derrame se había dado antes de que lloviera torrencialmente. Así de descarado comenzó la tragedia ambiental del Río Sonora en agosto del 2014. Con mentiras por parte de la empresa y buscando siempre deslindarse de sus responsabilidades.
El desastre ambiental afectó en los derechos humanos a la salud, el agua y un medio ambiente sano de una población mayor a 30 mil habitantes. Ante este escenario el gobierno federal en el sexenio de Peña Nieto llegó a un acuerdo con la empresa minera de abrir el Fideicomiso Río Sonora (FRS) para atender a las personas afectadas por el derrame. Todo fue un fiasco.
En un inició se prometieron plantas que limpiaran el agua de los metales pesados, un hospital epidemiológico y un estudio diagnostico del río y de las afectaciones por el derrame a la biota, así como a las personas. No se ha cumplido con las plantas ni con el hospital y el estudió ha sido un martirio para que se hagan públicos sus resultados o se le siga dando seguimiento. Aún hasta la fecha siguen queriendo debatir resultados cuando es obvio que ya mucha gente del río Sonora ha acumulado metales pesados en sus organismos, deteriorando su salud notablemente.
En todo este calvario han pasado dos presidencias, tres gubernaturas y quien sabe cuantos cambios de funcionarios federales de Semarnat, Conagua, Cofepris y Salud, pero por otra parte la ciudadanía también se ha organizado para luchar por sus derechos. Es así como aparecen los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), quienes ya se han legitimado como la voz de la lucha social por la justicia ambiental en la cuenca agraviada.
El pasado 3 de agosto los CCRS informaron a la opinión publica cinco puntos de como ha sido el seguimiento en su lucha por la justicia ambiental:
1) Tienen ya registrado que 650 personas en los ocho municipios de la cuenca tienen una exposición homogeneizada y evidente a metales como plomo, arsénico, manganeso y cadmio que afecta su salud.
2) El derrame redujo la biota en especial en la población de chinches, avispas, mosquitos y escarabajos.
3) Se triplicaron las pérdidas económicas, de los 3 mil millones de pesos que se estimaron en el 2014 al costo de los daños, hoy se sabe que el impacto real asciende a los 10 mil 200 millones de pesos.
4) Grupo México sigue impune, y aquí agregaría que también se da el lujo de usar al gobernador como vocero de sus próximas inversiones en el Estado.
5) En las mesas de diálogo del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora la Conagua ha minimizado la gravedad de la situación, promoviendo el retraso de soluciones urgentes e incumpliendo con su obligación como garante del derecho humano al agua, así como que PROFEPA ha actuado de manera laxa a la hora de exigirle a la empresa dote recursos para cumplir con lo que se estableció en un principio en la conformación del FRS.
El 6 de agosto se ha convertido en una de esas fechas que nos recuerdan como las luchas sociales siguen, aunque los gobiernos cambien y como estos hasta ahora siguen la máxima de José María Leyva: “Antes como antes y ahora como…”. Por esto no debemos olvidar esta fecha y recordar que son ya 8 años de impunidad ambiental en el Río Sonora.
