Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este jueves la primera entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2021, del tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe da cuenta de los resultados de las primeras 207 auditorías practicadas por la ASF a la Cuenta Pública 2021, en la que encontró probables irregularidades por mil 30 millones 195.8 mil pesos, de los que ya fueron recuperados 201 millones 942.1 mil pesos, y están pendientes de aclaración 836 millones 253.6 pesos, la mayoría de los cuales corresponden a recursos ejercidos por gobiernos estatales y municipales.
Al presentar de manera virtual el informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, señaló que se continúan observando “áreas de oportunidad” en el ejercicio del gasto federalizado.
“El gasto federalizado es, por su monto e importancia, uno de los renglones principales del presupuesto, por lo que la labor fiscalizadora ha sido especialmente rigurosa en su análisis”, expuso Colmenares.
Agregó que dado que México es un país muy grande, con 32 entidades federativas y alrededor de 2 mil 500 municipios, la proporción de entes estatales y municipales que la ASF no fiscaliza es mucho mayor que la que sí revisa.
El gasto federalizado de la Cuenta Pública 2021 está siendo fiscalizado mediante mil 681 auditorías, que representan el 83 por ciento del total de las auditorías que la ASF está realizando.
De las 207 auditorías presentadas este jueves, 33 corresponden al gobierno federal, una al Poder Legislativo, cuatro a órganos autónomos.
Las restantes 169 se realizaron al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, y encontraron posibles irregularidades por 637 millones 820.2 millones de pesos, de los que 190 millones 645.2 mil pesos han sido recuperados y 447 millones 175 mil pesos están pendientes de aclaración.
Colmenares aseguró que es importante que la fiscalización superior no se vea afectada por procesos políticos, como los procesos electorales o los cambios de administración. Y aseveró que “cualquier consideración distinta a los procesos de auditoría es excluida de los procesos de fiscalización”.
Información de La Jornada
