Por Arturo Angel
Entre 2014 y 2016, Emilio Lozoya Austin hizo un millonario favor a su amigo, el empresario Carlos Adolfo Autrey Díaz: le “prestó” 31 millones de pesos, en efectivo. No lo hizo de un jalón sino en tres entregas: la primera de 8 millones, cuando aún era director de Pemex; las otras dos, por 3 millones y 20 millones, unas semanas después de haber dejado el cargo.
El préstamo quedó formalizado en un contrato firmado entre Lozoya y el empresario, donde este último se comprometía a pagar al exfuncionario el dinero más intereses anuales del 7.5%, a más tardar en abril de 2021. Como garantía de pago, ofreció la hipoteca de una residencia que ocupa una manzana completa en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México.
Meses antes de que venciera ese plazo, en noviembre de 2020, y ya en calidad de procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, Lozoya firmó un convenio con el despacho del abogado Javier Coello Trejo, donde reconocía que le debía 25 millones de pesos por honorarios, derivado de los servicios legales que sus integrantes le habían prestado. No tenía para pagarles, así que les ofreció una solución: cederles los derechos del contrato firmado con Autrey Díaz para que de ahí se cobraran.
Los litigantes aceptaron, pero ni Lozoya ni Autrey cumplieron.
El empresario, propietario entre otros negocios de la empresa Pharmometrica, no devolvió a Lozoya el dinero pactado en la fecha acordada y el exdirector de Pemex no ha pagado a los que fueran sus abogados. No solo eso. Hace unas semanas, de forma sorpresiva, el exdirector de Pemex revocó el poder legal que había conferido al despacho de Coello Trejo, lo que le impide seguir con el proceso civil en contra de Autrey para recuperar los 31 millones o su casa de Las Lomas, y de ahí cobrar lo que Lozoya adeuda.
Los exabogados de Lozoya presumen ahora que fueron víctimas de un posible fraude, ya denunciado ante la Fiscalía General de la CDMX en contra de quienes resulten responsables. Además, analizan la posibilidad de demandar directamente al que fuera su cliente para que pague lo que les debe.
“Como lo tienes documentado, él nos revoca los poderes para que no pudiéramos seguir actuando en este procedimiento. Posiblemente, él ya llegó a un acuerdo con este señor Autrey y es por eso que ya no necesita de nuestros servicios para continuar con este procedimiento. Me parece totalmente injusta la decisión que él toma, pero bueno, él ha tomado las decisiones que ha tomado y la vida tendrá que ponerlo en su lugar. Pero a nosotros no nos ha pagado”, confirmó a Animal Político el abogado Javier Coello Zuarth, exdefensor del propio Lozoya.
Este medio tiene copia de diversos documentos —asentados en expedientes judiciales y pasados ante la fe de notarios públicos— que confirman lo anterior. Entre ellos, el contrato firmado entre Lozoya y Autrey, el convenio de adeudo firmado entre Lozoya con los que fueran sus abogados, y la carpeta de investigación iniciada en la fiscalía capitalina por el presunto fraude denunciado por los Coello Trejo.
Sobre estos hechos, Animal Político buscó a Emilio Lozoya (preso actualmente en el Reclusorio Norte), quien a través de sus abogados respondió que desconoce la existencia de los referidos convenios y sostiene que su firma podría haber sido falsificada (esto, pese a que este medio corroboró que los documentos son verídicos y constan en los registros de los respectivos notarios). De los motivos por los cuales le prestó dinero en efectivo al empresario y de cuál es el origen de esos recursos, no emitió mayores comentarios. En cualquier caso, señalaron sus abogados, todo deberá aclararse en los tribunales
También se buscó a Autrey a través de los teléfonos de su empresa, de mensajes a su número celular, de su dirección de correo electrónico y de su abogado civil, Christian Osman Marthos, pero no hubo ninguna respuesta. En la oficina de su abogado confirmaron que se recibió la solicitud pero no hubo mayor comunicación.
La negativa de Lozoya a pagar lo que debe a los que fueran sus abogados ocurre mientras este intenta cerrar con Pemex un acuerdo económico que repare el daño que se le imputa por los casos en que se encuentra procesado.
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