A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la secretaría de Gobernación presentó el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de su Libertad en México, y ocho de cada diez mujeres de ellas han sufrido violencia de algún tipo.
Se encontró la tortura sexual, violencia física y violencia psicológica. Dentro de la violencia física se confesaron casos de agresiones como patadas, manoseos, golpes con objetos, golpes en senos, glúteos o genitales, desnudez forzada, violación sexual e introducción de objetos en cavidades genitales.
Por su parte, en los ataques psicológicos se incluyeron insultos, intimidación, humillaciones, actos de manipulación, aislamiento o comentarios relacionados con su cuerpo y su orientación sexual.
El resultado se obtuvo por una muestra de mil 280 entrevistas a mujeres privadas de su libertad en 66 penales en las 32 entidades federativas de la República y parte del compromiso de la actual administración por garantizar los derechos y hacer justicia por las mujeres en México.
Atenco fue un conflicto en el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el que se enfrentaron elementos del Gobierno Federal y Estatal contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
El 3 de mayo del 2006 el conflicto escaló y un operativo con más de 2 mil 500 elementos de la policía estatal, así como de la Policía Federal Preventiva, detuvieron a más de 200 personas.
De ese total, aproximadamente 50 fueron mujeres, de las cuales 31 refirieron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de los elementos policiales durante su detención y traslado.
El estudio reconoció a la violencia sexual como un grave problema en México, al tiempo que aclaró que esta agresión fue mayor “cuando la tortura sexual es cometida contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como instrumento de castigo y sometimiento […] son procesadas penalmente como delincuentes y al mismo tiempo son identificadas como víctimas de tortura sexual, sufriendo doble vulnerabilidad”.
Se detalló en un informe que fueron 7 de cada 10 mujeres las que reconocieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento de su proceso; desde la detención y traslado, la puesta a disposición del Ministerio Público, el arraigo, traslado, la estancia en el centro de reclusión, así como en la etapa del juicio.
No obstante, señalaron que -como parte de la violencia normalizada- algunas mujeres no se reconocieron como víctimas en un principio, pero conforme avanzó el cuestionario se dieron cuenta de lo que han padecido, subiendo la cifra de 7 a 8 de cada 10 mujeres.
El promedio de edad de la muestra utilizada para la realización del estudio fue de 38 años para centros penitenciarios federales, mientras que para los centros estatales fue de 35 años. Y es la población con más personas fue la que va de los 30 años a los 39, correspondiente al 36.4 por ciento del total.
Las prisiones femeniles se encuentran ocupadas por encima del 68 por ciento, por mujeres menores a los 39 años, mientras que las mujeres mayores de 50 años únicamente conforman el 10 por ciento.
Del mismo modo, un 12 por ciento se identificó como indígena, al tiempo que el 2% hizo lo propio como afrodescendiente. Respecto a la escolaridad, el 41 por ciento logró terminar la secundaria, el 22.7 llegó hasta la primaria, frente al 0.3 por ciento que tuvo escolaridad a nivel licenciatura.
En lo referente a su actividad económica, 7 de cada diez mujeres se encontraban como empleadas al momento de su detención, mientras que las restantes desempeñaban labores domésticas o de cuidado. Del total, el 73 por ciento indicó ser jefa de familia, mientras que poco más de 8 de cada 10 declaró tener hijos.
Con información de Internet/Infobae.com
