El Gobierno de Baja California se opone a que Mario Aburto Martínez, asesino material del ex candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, sea trasladado a un penal estatal, por lo que se sumó al litigio que las autoridades penitenciarias federales mantienen contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la defensa del sentenciado para que sea trasladado a una cárcel de esa entidad federativa.
La negativa del gobierno de Baja California fue dada a conocer por la Comisionada del Sistema Penitenciario Estatal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, quien manifestó públicamente que las autoridades estatales no están de acuerdo con la recomendación de la CNDH que solicitó el traslado de Mario Aburto de un penal federal, a uno local, con el propósito de que pueda estar más cerca de su familia.
La posición del gobierno bajacaliforniano provocó la reacción inmediata de la CNDH, con el argumento de que se está revictimizando a Mario Aburto, quien presuntamente ha sido víctima de su detención desde el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, acusado de disparar y matar a Colosio. En 1995, fue condenado a 45 años de cárcel por este crimen.
Debido a que la CNDH lleva más de un año solicitando el traslado de Mario Aburto Martínez del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 ubicado en Guanajuato, al Centro de Reinserción Social “El Hongo” II, en Baja California, el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra calificó la postura del gobierno l como “revictimizante” y “desinformada”.
A raíz de una queja presentada por Mario Aburto por supuestos malos tratos y torturas, la CNDH solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrados de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del gobierno federal la implementación de “medidas cautelares urgentes” que contemplaban el traslado de Mario Aburto, sentenciado y condenado por el asesinato de Colosio, de un penal federal a un penal de carácter estatal.
El argumento es que Aburto padece “desatención médica y restricciones inadmisibles”, además de que se le mantiene en un penal muy lejano a la residencia de su familia.
Por lo anterior, la defensa Aburto ha solicitado que se cumpla con la solicitud de la CNDH, pero el gobierno federal y también el de Baja California litigaron para no dar cumplimiento a las medidas cautelares, argumentando cuestiones de seguridad nacional.
Incluso, la Comisionada del Sistema Penitenciario Estatal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, dio a conocer el pasado 20 de mayo que ese organismo se apersonó ante un juzgado para advertir que es inviable para el gobierno local recibir a Mario Aburto, derivado de que es una persona considerada de “alta peligrosidad” y a que el estado de Baja California no cuenta con centros penitenciarios de máxima seguridad.
La funcionaria también explicó que en Tijuana, donde se localiza el penal estatal de “El Hongo II” se recibió una alerta de que “ya había personas” buscando contactar a Mario Aburto dentro de la prisión, con el fin de aprovechar su liderazgo dentro de la cárcel.
Para la CNDH, dichas declaraciones no aclaran a qué situaciones o hechos, se refieren las declaraciones de la funcionaria estatal, por lo que calificó las mismas de preocupantes y reiteró su petición para que el asesino de Colosio, quien se ha quejado de actos de tortura en su contra, desde su detención y de forma continuada, sea trasalado a una cárcel de Baja California.
“La CNDH lamenta sendas declaraciones, y las califica de lamentables, revictimizantes y desinformadas, ya que la víctima no se encuentra catalogada como de “alta peligrosidad”, y con dicha manifestación estigmatiza y conculca el derecho humano de esta, quien se encuentra privada de su libertad, compurgando una sentencia. Además, al señalar que recibieron una “alerta”, está obligada a hacer públicos los hechos que señala”, reviró la CNDH a través de una nota informativa.
Desde que el organismo inició el contacto con Mario Aburto y su familia, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha generado la expectativa de que el asesino de Colosio podría aportar nueva información del caso, pero a más de un año de que se presentara la petición de traslado, no se ha ha hecho pública ninguna información novedosa del caso Colosio.
Además, la CNDH tampoco ha dado a conocer si existe algún tipo de acuerdo o convenio con Aburto Martínez y su defensa pra que se le otorgue algún tipo de apoyo o beneficio no procesal, a cambio de que presente nuevas pruebas o datos sobre el caso Colosio.
Por el contrario, la CNDH consideró que la posición de las autoridades penitenciarias federales y estatales que impiden el traslado de Aburto a un penal cercano “enrarecen la nueva investigación en curso, y entorpecen la posibilidad de que la víctima pueda purgar su pena en lugares cercanos a su domicilio”.
