A tres meses de haber iniciado obras de desmonte de selva en Solidaridad, Quintana Roo, el gobierno federal presentó el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 Sur del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La MIA, modalidad regional y con número de identificación 23QR2022V0020, será evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El documento, sin embargo, aún no se puede consultar, pues apenas fue ingresado este martes, por lo que se espera que sea público una vez que se anuncie en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, donde se publican cada semana los proyectos ingresados a evaluación.
El colectivo Sélvame del Tren exigió que se transparente en breve el documento, pues allí se podrá no solo consultar las obras proyectadas, el trazo, costo, así como los impactos previstos y la mitigación de los mismos que se propone, sino quién promovió el trámite y quién realizó el estudio.
“¿Cómo pueden pedir una MIA sobre un área que ya está impactada?”, cuestionó José Urbina, uno de los integrantes. “Por eso estamos exigiendo el documento. No sabemos quien ingresó el trámite. La MIA deberá contener los impactos y cómo se va a minimizar ese impacto”, agregó.
Asimismo, anunció que el colectivo solicitará consulta pública para exponer sus comentarios a la MIA y, de ser el caso, proponer medidas de mitigación, como lo prevé la ley.
No había pasado ni una hora de que se supiera la existencia de la MIA, cuando un ciudadano ya había solicitado mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el documento. “Es una maravilla que la gente ya reaccione sin la necesidad de la participación de los que iniciamos el colectivo. Es para nosotros fantástico porque significa que hemos crecido. Antes de que pudiéramos reaccionar, ya había gente solicitando información. Realmente les interesa qué está pasando”, consideró Urbina.
Apenas el pasado 3 de mayo, el presidente defendió la obra pese a que no contaba con la MIA , pero sí con permisos provisionales que se otorgaron gracias a un decreto presidencial. “Dicen ‘es que no hay permiso’, la famosa MIA, lo que es el impacto ambiental, parte del acuerdo fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas porque nadie quiere destruir el medio ambiente”, mencionó en su conferencia.
Ese día la secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, confirmó que el tramo 5 del Tren Maya cuenta solo con permisos provisionales. “Son dos cosas que pedimos como Semarnat, manifiestos de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo, y estos tres tramos los tienen de manera ya definitiva. En los otros tramos recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto, un decreto para hacer permisos provisionales”, dijo.
El camino para la MIA
Fue este 17 de mayo que la Semarnat recibió el trámite de presentación de la MIA en sus oficinas, el cual fue enviado al área correspondiente para la integración del expediente. En los próximos días iniciará el proceso de evaluación que deberá culminar con el resolutivo, ya sea de aprobación del proyecto, rechazo o aprobación condicionada.
El contrato del tramo 5 sur, de 60.7 kilómetros de extensión, que va de Playa del Carmen a Tulum, fue adjudicado al consorcio liderado por Grupo México, beneficiado con 17,815 millones de pesos por las obras.
En febrero pasado, la empresa inició obras de desmonte de selva baja y mediana en Playa del Carmen sin la autorización en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En ese entonces eran poco menos de dos kilómetros lineales por casi 24 metros de ancho, pero ahora suman 40 kilómetros devastados, de acuerdo con cálculos de la organización Sélvame del Tren.
Por lo anterior, se han promovido varios amparos. El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió hace un mes la suspensión provisional en el amparo que buzos tramitaron en contra de la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del Tramo 5 del Tren Maya.
La resolución del amparo 884/2022, tramitado por buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas el 30 de marzo pasado y donde aparecen como autoridades señaladas Fonatur, Fonatur Tren Maya, la Sedatu y Sedena, tiene como efecto paralizar las obras y frenar la remoción o destrucción de la biodiversidad en dicho tramo en tanto se resuelve el asunto de fondo. La audiencia constitucional, que se tenía prevista para el viernes pasado y donde se resolvería si se mantenía o no la suspensión, se difirió para el finales de mayo.
La semana pasada, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa confirmó la suspensión provisional dictada el pasado 12 de abril que impide que continúen las obras el Tramo 5 Sur, debido a que no se contaba con la MIA.
De acuerdo con los magistrados, si bien existe una “autorización provisional”, gracias a un decreto presidencial que ordenó a dependencias exentar de trámites a las obras prioritarias del gobierno federal, no puede ser considerada equivalente a la MIA.
Tren Maya suma demanda
A esto se suma que el pasado 13 de mayo el Juzgado Octavo de Distrito en Material Civil en la Ciudad de México aceptó la demanda colectiva interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de Grupo México, la española Acciona y otras tres razones sociales de la constructora ICA, por iniciar las obras de este tramo sin contar con los permisos ambientales.
La demanda reclama daños por alrededor de 26,000 millones de dólares que, en caso de que la justicia sentencie a favor de la ONRE, deberán pagar las constructoras “por el daño ecológico” que han causado.
Información de Expansion
