SAN QUENTIN, California, EE.UU. (AP) — Detrás de muros y alambre de púas, y a unos cuantos metros (pies) del corredor de la muerte de California, los estudiantes de una de las universidades más singulares del país discuten los atentados del 11 de septiembre de 2001 y temas de moral, identidad y nacionalismo.
Vestidos con el mismo uniforme azul, los estudiantes sólo dejan de discutir cuando un guardia entra en el salón de clases, dice el apellido de cada uno y espera que respondan con los últimos dos dígitos de su número de recluso.
Son estudiantes de la Universidad Monte Tamalpais de la Prisión Estatal San Quentin, la primera escuela de estudios superiores en el país tras las rejas. Los reclusos pueden tomar clases de literatura, astronomía, gobierno estadounidense, precálculo, entre otras, para obtener un título de técnico superior universitario.
Nombrada como una montaña ubicada cerca de la prisión, la universidad fue acreditada en enero luego de que una comisión de 19 miembros de la Asociación de Escuelas y Universidades de Occidente determinara que el programa de extensión basado en San Quentin durante más de dos décadas brindaba educación de alta calidad.
“Es un gran paso en la educación penitenciaria”, dijo Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense sobre la Educación, la organización coordinadora de las instituciones de educación superior en Estados Unidos.
Mitchell dijo que la Universidad Monte Tamalpais es “un modelo extraordinario” que le dará una autonomía no vista en programas penitenciarios vinculados a escuelas externas.
La nueva designación obligará a la escuela a mantener los elevados estándares establecidos por la asociación de escuelas y, con suerte, captar la atención de donantes para ayudar a la expansión de la universidad, dijo la presidenta Jody Lewen. Aunque tiene cupo para 300 estudiantes por semestre, otros 200 están en la lista de espera.
La universidad es una de las decenas de programas educativos, de capacitación laboral y autoayuda disponibles para los 3.100 reclusos en la sección de seguridad media de San Quentin, lo que la convierte en un destino deseado para reclusos en todo el estado que piden ser transferidos ahí.
“Me hubiera gustado aprender así al crecer; en lugar de eso estuve en educación especial toda mi vida”, dijo Derry Brown, de 49 años de edad, cuya clase de Inglés, “Ficciones cosmopolitas”, discutía la novela “El fundamentalista reticente”, de Mohsin Hamid.
Brown, quien cumple una sentencia de 20 años por robo y agresión, obtuvo su diploma equivalente de secundaria en prisión y se siente orgulloso de ser un estudiante universitario. Dijo que podría buscar una carrera en música en Los Ángeles, su ciudad de origen, cuando sea liberado el año que entra.
“Hay alegría en el aprendizaje; por eso quiero continuar”, dijo. “Incluso cuando salga, regresaré a la universidad”.
La totalidad del presupuesto anual de 5 millones de dólares de la escuela está financiada por donativos privados, y cuenta con personal pagado y profesores voluntarios, muchos de ellos graduados de importantes universidades, incluidas Stanford y la Universidad de California, campus Berkeley.
El programa previo inició en 1996 y después fue conocido como el Proyecto de Universidad Penitenciaria y también ofrecía títulos de técnico superior universitario, pero Lewen, quien comenzó como instructora voluntaria en 1999, dijo que inició el proceso para tener una escuela superior autónoma hace tres años, cuando cerró la universidad con la que estaba asociada.
“Con mucha frecuencia en el campo de la educación superior, las personas ven los programas educativos en prisiones y dicen: ‘Bueno, es un programa o proyecto, no es una escuela’. Nuestra esperanza es que al ser una escuela superior independiente y acreditada que opera en una prisión, hagamos que sea más difícil para las personas ignorar a quienes están adentro y les ayudemos a pensar en nuestros estudiantes de forma diferente”, manifestó Lewen.
Cualquier recluso de la población general de San Quentin con un diploma de secundaria o su equivalente puede asistir. Quedan excluidos los 539 reclusos que están condenados a muerte.
