Columna Agenda Abierta
Ayer (jueves) hubo señales de encontradas por el lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunas ministras y ministros mandaron una señal que ha sido interpretada, por origen, función y convicción, como una muestra de estar más cercanos a la voluntad del ejecutivo, que del lado de la Constitución.
La lectura es obligada ya que la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados de la Ley de la Industria Eléctrica es más que evidente.
Algunos juristas lo han interpretado así por que en todas las votaciones de los artículos señalados en la demanda, hubo una mayoría que señaló su inconstitucionalidad, pero el sistema de mayoría calificada por el que se requieren al menos 8 de los 11 votos de los integrantes para declarar la inconstitucionalidad, lo que le permitió a una minoría vetar la posibilidad de tal declaración.
Sin embargo, el hecho de que la Corte no declare la inconstitucionalidad de esta ley, no implica que declare su constitucionalidad, sino simplemente no se pronunció al respecto. Es poco serio, por decir lo menos, interpretar que la no declaración de inconstitucionalidad se trate de interpretar, como una declaración de constitucionalidad.
De hecho, el jurista Marcos Pérez Esquer señaló que sería tan absurdo que llevaría a que una minoría de ministros tuviese la potestad de declarar la constitucionalidad de una ley en contra de la opinión de una mayoría.
Por esa razón, es relevante entender que la decisión de la Suprema Corte en nada debiera de impactar en la discusión y votación de la Reforma Eléctrica que se llevará durante la siguiente semana en la Cámara de Diputados.
Lo que está en juego, más allá de consideraciones jurídicas y políticas tener claro que lo que la población requiere, más que un debate sobre la soberanía, la certeza de contar con energías limpias y baratas, por un medio ambiente saludable y un entorno de negocios que genere prosperidad para las familias.
Esta ley busca impulsar los elementos centrales que conformaron la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada en mayo de 2020 por la Secretaría de Energía.
Pero en noviembre de 2021 la Corte invalidó este acuerdo por considerar que otorgaba una “ventaja indebida” a la CFE.
Ahora Ley de la Industria Eléctrica busca priorizar el suministro de energía eléctrica producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero carece de lógica legal, ambiental y económica.
Desde el punto de vista legal, presenta serios problemas de inconstitucionalidad, ya que en principio pretende dar marcha atrás a la Reforma Energética de 2013. Es más que claro que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución.
Por lo tanto, la lógica dictaba que la Corte daría un fallo en el mismo sentido que con la política del Sistema Eléctrico Nacional, declarando la ley como inconstitucional.
En materia ambiental, la ley permite que todo el combustóleo que se genera en las refinerías de Pemex, sea utilizado prioritariamente en la producción de energía eléctrica.
Es importante señalar que el combustóleo de Pemex no tiene manera de ser colocado en el exterior, ya que es un desecho del proceso de refinación y además es altamente contaminante.
Por lo tanto, la ley es un enorme retroceso para México en sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente y cambio climático, y va en contra de la salud de los mexicanos.
En términos económicos, relega al último lugar de preferencia a las energías renovables y plantas de ciclo combinado, que en su mayoría son operadas por particulares y generan energía eléctrica más barata y limpia.
De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el costo de generación de energía en una termoeléctrica de combustóleo es de 2 mil 49 pesos por megawatt/hora, mientras que en una central de ciclo combinado es de mil 539 pesos.
En contraste, los productores privados generan energía solar y eólica a un costo de sólo 381 pesos por megawatt/hora, esto es 81% más barata que la electricidad producida en una termoeléctrica.
El objetivo de la Ley de la Industria Eléctrica es fortalecer las finanzas de CFE, restituyéndole el monopolio de la generación de electricidad, esto a costa de aplicar mayores costos a los usuarios, elevando sobre todo las tarifas a corto y mediano plazo para la industria nacional.
Como resultado de esto, se podría crear una importante presión inflacionaria en el país, ya que las empresas afectadas tendrán incrementos importantes en sus costos, los cuales a final de cuentas deberán trasladar a los precios para el consumidor.
Por otra parte, es inminente que el Gobierno mexicano enfrentará una fuerte presión de países como España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, lo que dará como resultado demandas internacionales y paneles de controversia al interior del acuerdo del T-MEC.
Estas demandas serán sin duda un nuevo golpe a la confianza en nuestro país por parte de empresas e inversionistas extranjeros.
La Ley va en contra de las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por afectar la competencia y romper con las expectativas legítimas de los inversionistas.
Esto sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho.
El T-MEC contiene, como la mayoría de los acuerdos internacionales de inversión, cláusulas de Trato Justo y Equitativo (TJE) que no sólo protegen las inversiones, también resguardan las acciones políticas de los Estados firmantes.
En conclusión, la Ley de la Industria Eléctrica representa una visión parcial, cargada de ideología, contraria a la libre competencia y alejada completamente de la perspectiva moderna de Estado que se requiere en los temas de energía y medio ambiente.
Por eso, hoy cobra mas sentido observar lo que ocurra en los siguientes días en el Congreso de la Unión cuando se discuta la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que propuso el Ejecutivo-
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
