Hermosillo, Sonora.- Para mejorar la capacidad del gobierno de Sonora y garantizar el derecho constitucional a una defensoría legal de calidad, sobre todo para aquellos de escasos recursos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño atestiguó la firma de convenio entre la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado y diversas universidades e instituciones.
Ante rectoras y rectores de diversas universidades de la entidad, así como directivos de diferentes dependencias estatales, destacó que con la suma de esfuerzos podrán cumplir con la responsabilidad de apoyar a las personas que menos posibilidades tienen de conseguir una asesoría jurídica.
“Particular satisfacción representa para mí que en este convenio esté presente la aportación de centros, diversos centros de educación superior, a los que he llamado desde hace mucho tiempo la materia gris de mi gobierno. Y hoy, que suman su esfuerzo, precisamente en este proyecto, muestran a plenitud su condición de materia gris de mi gobierno”, expresó.
El gobernador Durazo Montaño aseguró que esta firma de convenio de colaboración representa la suma de esfuerzos para apoyar jurídicamente a las y los sonorenses que menos tienen y que se acercan a la Dirección General de la Defensoría Pública para recibir atención y representación jurídica en diversos rubros.
Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, junto a Ana Luisa Chávez Haro, directora general de la Defensoría Pública, resaltó que la firma de este convenio con instituciones nacionales, internacionales y universidades, permitirá elevar la capacidad de los defensores públicos, con apoyo técnico, asesorías y más.
Las instituciones y dependencias que firmaron el convenio fueron: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad de Sonora, Universidad Tecnológica de Nogales, Universidad Estatal de Sonora, Centro de Estudios Sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente, Instituto Nacional de Estudios Superiores del Derecho Penal, Comisión Nacional de Justicia Penal y el Instituto de Ciencia Aplicada, así como dependencias estatales.
