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martes, mayo 24, 2022

Hermosillo estancado: Violencia familiar y ciudad en abandono

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Por Amelia Iruretagoyena Quiroz 

Hermosillo ¿Cómo Vamos? programó la presentación de la  nueva agenda de percepción ciudadana (2021) para para el miércoles 3 de marzo del año en curso. En la portada de la misma destaca: “Hermosillo estancado en su Desarrollo” y es un resultado esperable, considerando a simple vista el gran deterioro de nuestra ciudad capital: el destrozo de calles, avenidas y bulevares debido a los baches que existen en toda la ciudad, tanto en la fisonomía del Hermosillo moderno como en el rezagado. Una ciudad desaseada, donde la basura está presente principalmente en los lugares públicos, que le corresponden a la autoridad municipal. Las escuelas públicas lucen abandonadas en sus exteriores con maleza y basura de todo tipo (aclarando estas le corresponden a la SEC Estatal en su mayoría). Si ya antes de la pandemia Hermosillo estaba desatendido, durante estos más de dos últimos años ha sido mucho más.

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Si nos vamos a revisar números, estadísticas en materia de seguridad que es uno de los temas prioritarios que preocupan a los Hermosillenses las cosas sencillamente no se perciben bajo la idea de que Hermosillo es un lugar seguro para vivir. Si bien hay municipios que ocupan mayormente las páginas de la prensa escrita, electrónica y las redes sociales para dar cuenta de actos perpetrados por el crimen organizado, como es el caso de Guaymas, Caborca, Cd. Obregón o Magdalena de Kino, Hermosillo no está exento de la nota roja constante.

En Sonora y particularmente en Hermosillo, es urgente  la generación de una  política pública integral  contra la violencia familiar. Los datos nos dicen que en Hermosillo en el 2020 las denuncias por este delito se incrementaron en un 88%.  En contraparte en Sonora, el aumento registrado fue en este mismo años del 50%. De este porcentaje de denuncias en Sonora el 55% se realizó en Hermosillo. Para el 2021, el aumento de este delito en Sonora fue de 83%, y en Hermosillo de 37%. Cabe distinguir que durante el periodo de mayor confinamiento en 2020, se consideró que el aumento podría deberse a la prolongación de los tiempos de mayor convivencia en el hogar. Sin embargo en la reapertura de las distintas actividades económicas y de otro tipo, las denuncias por este delito se han mantenido a la alza. (Comité Ciudadano de Seguridad Pública-Hermosillo y Comité Ciudadano de Seguridad Pública-Sonora; Informe de Seguridad y Justicia 2021: 7)

El problema de la violencia familiar, no se ha atendido suficientemente durante muchos años, ante el paradigma de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, de que es un asunto de incumbencia privada. “Dicho coloquialmente, los trapos sucios se lavan en casa”. Este paradigma se ha superado en la ley, más no por los funcionarios que les corresponde su prevención, atención, sanción y erradicación.

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De acuerdo al artículo 9o.- de la ley de Prevención y Atención de la Violencia familiar, la aplicación de esta  ley le corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cultura, Procuraduría General de Justicia, DIF Estatal y del Instituto Sonorense de la Mujer. A los Ayuntamientos en sus respectivos  ámbitos de competencia, por conducto del Sistema DIF Municipal.

El mismo modelo centralista, como en tantas otras leyes, pese a que los servicios institucionales del   Gobierno  no tienen  la capacidad de respuesta necesaria, con respecto a la atención de las víctimas y los agresores.

Ya es tiempo de que se pudieran certificar programas para la atención de agresores o victimas a las  organizaciones de la sociedad civil y/o especialistas en esta materia, que integrados en equipos interdisciplinarios con profesionales de la Psicología, Psiquiatras, Criminología, Trabajo Social, de las Ciencias de la Salud, Terapeutas Familiares, especialistas en Justicia Restaurativa etc., puedan diseñar e instrumentar los programas de atención.

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En California un Estado donde los presupuestos públicos son mucho más amplios que en Sonora, cuentan con proveedores de estos servicios que trabajan bajo normas y estándares de tratamiento. Las normas de tratamiento promueven el cumplimiento de los requisitos del código penal y obligan a que los proveedores de los programas rindan cuentas a la comunidad. Los estándares de tratamiento ayudan a establecer las expectativas de responsabilidad y servicio que le permiten al Departamento de Libertad Condicional del Sistema de Justicia, evaluar y monitorear los programas.

Cuando los y las agresoras pueden cubrir el costo de los programas, tanto de ellos como de sus víctimas, así se procede. Esta medida, es parte de las sanciones que fijan los Jueces.  También existen programas de proveedores de estos servicios financiados por el Estado para los agresores que no pueden cubrir el costo de los programas a los que deben asistir las víctimas y los agresores.    

Por supuesto que impulsar un proyecto de este tipo, requiere de cambios legislativos, así como profesionales como los mencionados, que estén especializados en el abordaje de las distintas expresiones de la violencia familiar y sobre todo indispensable la voluntad política, que requiere de la credibilidad de los gobernantes en la sociedad civil organizada. Credibilidad de la que se aprecia muy distante el Gobierno Federal.

La autoridad debe de tener muy en cuenta que la violencia familiar es primordialmente un problema de salud pública, tal y como lo contempla la Organización Mundial de la Salud  (OMS)  por lo que urge mejorar la respuesta del sector salud ante esta problemática humana. Siendo un problema de salud pública quien debiera de encabezar la Política Pública en esta materia es la Secretaria de Salud y si no por lo menos, hacerse cargo de proporcionar los servicios de atención de agresores y víctimas.

En el próximo artículo revisaremos de acuerdo a la encuesta 2021 de Hermosillo ¿Cómo Vamos? la percepción de la ciudadanía en cuanto a la Seguridad Publica.  

Amelia Iruretagoyena Quiroz 

Doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil. Especialista en Procesos de Diálogo, Mediación de Conflictos y en Justicia y Prácticas Restaurativas. Miembro del Consejo Técnico de Hermosillo ¿Cómo Vamos? y Coordinadora de Facilitadores del Diálogo.

                                                                                                      ameliaiq@sociales.uson.mx

Aviso

La opinión del autor(a) en esta columna no representa la postura, ideología, pensamiento ni valores de Proyecto Puente. Nuestros colaboradores son libres de escribir lo que deseen y está abierto el derecho de réplica a cualquier aclaración.

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