Al fiscalizar la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por un total de 63,010 millones de pesos, de los cuales 49,765 millones de pesos fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio fiscalizador.
Del último informe se desprende que, de las 866 auditorías practicadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, un gran número de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico, con 11,848 millones de pesos, siendo el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, con 8,920 millones de pesos, donde más irregularidades se detectaron.
Además, se encontraron posibles daños que ascienden a 1,674 millones de pesos de las empresas productivas del Estado.
Mientras que el rubro de Desarrollo Social se determinó un posible daño al erario por 6,916 millones de pesos, donde el sector Salud registra determinaciones por 2,728 millones de pesos, así como Bienestar por 1,116 millones de pesos y Educación por 1,086 millones de pesos.
Finalmente, para la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, el Gasto Federalizado es el rubro que concentra el mayor número de observaciones, con más de 30,522 millones de pesos.
El informe entregado a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, cuenta con un total de 1,616 informes individuales de la Cuenta Pública 2020. En estos informes se incluyen 9 evaluaciones de políticas públicas y un estudio, previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 2020.
Cabe destacar que las auditorías abarcan los planes y programas con mayores asignaciones presupuestales en el gobierno federal, así como revisiones a estados, municipios y órganos autónomos.
Reclaman subordinación
Durante la entrega, el diputado Iván Rodríguez (PAN), acusó una subordinación del auditor Superior de la Federación, David Colmenares, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ello al asegurar que los conflictos de interés y la corrupción rampante en diversas áreas, ha mostrado la falta de capacidad y subordinación de la Auditoría Superior.
Agregó que se presenta una preocupante distorsión, ya que el 74% de las auditorías que se realizan, están dirigidas a los estados y municipios y solamente el 26% a las dependencias federales, “pero no es solamente lo que está dejando de hacer, sino lo que parece también está buscando esconder, lo que nos preocupa”, afirmó.
Además, sostuvo que “a más de tres años de haberse cancelado el NAIM, seguimos sin saber con toda certeza cuál fue el costo final y definitivo para el pueblo de México del capricho del Titular del Ejecutivo”.
Ello al señalar que no se sabe con toda certeza cuál fue el costo final y definitivo del proyecto, ya que 330,000 millones de pesos fue lo primero que se dijo que costó la cancelación del aeropuerto, “para que tras la presión del Ejecutivo federal de manera indigna y humillante para la institución que usted encabeza, saliera a corregir esa cifra a 113,000 millones de pesos”, adicionó.
Citarán funcionarios
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado Pablo Angulo Briceño (PRI), expresó que, con esta Tercera Entrega de Informes Individuales, la Auditoría dará cuenta a la Cámara de Diputados de las observaciones, recomendaciones y acciones que, en su caso, en la imposición de sanciones respectivas y demás actuaciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas en el ejercicio 2021.
Durante el acto de entrega de la Cuenta Pública 2020 y Tercera Entrega del Informe de Resultados, por parte del auditor superior David Colmenares Páramo, en el Palacio de San Lázaro, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF enfatizó que “ningún servidor público debe sentirse amenazado ante una correcta auditoría del uso de recursos públicos que manejan en el ejercicio de sus facultades”.
En tanto, Angulo Briceño anunció que los diputados citarán a comparecer al Pleno de esta Comisión a funcionarios públicos, vinculados con los resultados de la fiscalización, que presuntamente hayan cometido un mal uso de los recursos públicos federales.
Finalmente, el auditor David Colmenares Páramo señaló que se cierra una etapa de un trabajo en pandemia, donde se realizaron 1,600 auditorías, cifra que fue 6% superior al número de revisiones originalmente consideradas para el ejercicio en revisión. Informó que por primera vez se realizaron auditorías digitales, gracias a la Comisión de Vigilancia y el resto del Congreso, que impulsaron la reforma legal correspondiente.
En tanto, considero que la prevención tiene la mayor relevancia, “aunque a veces en el debate político parecería que su importancia se desvanece. Por ejemplo, el conocimiento que tiene la ASF sobre la gestión de las instituciones nos ha permitido desarrollar un enfoque de riesgos en la determinación de nuestro Plan Anual de Auditorías, con el objetivo de definir aquellos renglones del gasto proclives a actos de corrupción, o áreas nuevas que requieran ser revisadas”, argumentó.
David Colmenares también precisó que la presentación de los hallazgos derivados de las auditorías no son el fin último de la labor de la Auditoría, sino que constituyen solamente una etapa en el ciclo presupuestal, la cual se completa cuando se aplican las medidas preventivas y correctivas propuestas.
