Hacienda se negó a entregarle recursos al INE para sacar adelante la consulta popular sobre revocación de mandato del presidente López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al Instituto hacer ahorros en su presupuesto para tener recursos para la Consulta y recomendó que en caso de faltarle dinero se lo pidiera a Hacienda.
El INE juntó mil 567 millones para el proceso después de apretarse el cinturón y hacer ahorros; sin embargo, el costo total es de 3 mil 306 millones 420 mil pesos, por lo que el INE tiene un déficit de más de 2 mil 554 millones de pesos para poder consultar a la ciudadanía mayor de 18 años si quiere o no que López Obrador continúe al frente del Poder Ejecutivo federal.
Ante la falta de recursos, ¿qué sigue entonces?: ¿se frena la Consulta Popular? o ¿ésta se debe llevar a cabo? La revocación de mandato va aún cuando Hacienda informó ayer que no transferirá al INE un solo peso para el ejercicio democrático.
Con los recursos incompletos el árbitro electoral anunció que no puede instalar todas las casillas previstas en el proyecto original para el proceso previsto en abril, por lo que así como están las cosas será un ejercicio que no podría realizarse siquiera con la mitad de casilla instaladas.
El árbitro electoral no alcanzará a colocar todas las que se necesitan para cubrir las circunscripciones del país, que es el mismo número (161 mil 460 casillas) instaladas en un proceso electoral federal.
Bajo esa lógica no todos los ciudadanos tendrán las mismas oportunidades de expresión democrática, quedará segmentada la población para ejercer su derecho democrático ¿Qué sentido tiene llevar a cabo un ejercicio sin los recursos ni condiciones necesarias? El principal beneficiario de un proceso mutilado es el Presidente de la República. De por sí quedó constatado que durante el primer ejercicio de esta índole para enjuiciar o no a los expresidentes del país por irregularidadesn que se habrían cometido durante sus respectivos sexenios, solo participó el 7 por ciento del electorado (poco más de 6 millones) cuando se requiere al menos 40 por ciento del padrón nacional conformado por más de 93 millones de votantes.
Si hay algo que le conviene a López Obrador es que no vote el 40 por ciento, pues de esa forma garantiza su pase directo para terminar su sexenio y venderá la narrativa de que el pueblo lo aclama y quiere que siga al frente del Poder Ejecutivo, situación que enciende los focos ambar porque una parte de sus criticos asegura que ahí puede estar la estrategia para buscar una reelección o manejar las cosas a su favor para fortalecer el pase directo de quien quiere que sea su sucesor o sucesora.
El INE, sin embargo, aún espera el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe resolver en breve, una controversia constitucional interpuesta por el instituto sobre la falta de dinero para sacar adelante la consulta. Alguien quiere asegurar que AMLO gane porque gane aún cuando teniendo los recursos suficientes para que se intalen 100 por ciento de las casilla será dificilísimo que vote al menos el 40 por ciento de la población y con la popularidad que se carga el mandatario casi imposible que López Obrador pierda la consulta ciudadana.
Uppercut: Toda la carga rumbo a este proceso la tienen los ministros porque además de resolver el tema del presupuesto también deben resolver si cancelan el modo de pregunta para “ratificación” del presidente impuesta por la mayoría de Morena en el Congreso, cuando la forma original es si se está de acuerdo o no con que se revoque el mandato al presidente por perdida de confianza. Ayer, el ministro Jorge Mario Pardo presentó un proyecto para que se eliminará lo de ratificación, pero algo muy extraño ocurrió que cuando se sometería a votación se le “calló” el sistema al aire acondicionado de la sala y al empezar a salir humo, Arturo Zaldivar, presidente de la SCJN, tuvo que suspender y posponer la votación. ¡Cuánta coincidencia!
