La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de revocación de mandato.
El asunto fue admitido por la comisión de Receso de la Suprema Corte, integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, según la lista de notificaciones.
En la Corte hay otras dos controversias relacionadas con la revocación de mandato, una promovida por el INE en contra de la Cámara de Diputados por el recorte a su presupuesto. La segunda fue promovida por la Cámara de Diputados en contra del INE por decidir en una sesión aplazar la consulta.
El pasado 23 de diciembre, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra consejeros electorales que votaron por suspender el ejercicio de revocación de mandato, ante falta de presupuesto.
El legislador morenista denunció, como presidente, a los consejeros del INE, por presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.
Además, entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por presuntas irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron algunos servidores públicos del organismo.
Las y los consejeros del INE calificaron de “muy preocupante” que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pretenda convertir “un diferendo legal en una persecución penal”, con denuncias ante la FGR contra quienes votaron a favor del acuerdo para suspender el ejercicio de revocación de mandato.
Ante ello, los consejeros suscribieron un posicionamiento en donde afirmaron que las diferencias de criterio, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión.
Al respecto, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se debe de penalizar la decisión de los consejeros del INE que votaron por suspender la revocación del mandato; señaló que debe ser el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial quienes resuelvan.
Aseguró que los consejeros electorales cometieron un error y lo tendrán que reconocer y rectificar porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática.
