Columna Agenda Abierta
El elemento básico de la fundación del Estado, es la imperiosa necesidad de garantizar a la persona seguridad física y patrimonial, así como seguridad jurídica, para por un lado, conducirse tranquilamente, sin tener temor al asalto, la agresión o el robo en su esfera cercana y, por otra parte, conozca las reglas de convivencia y respeto comunitario, a través de leyes y reglamentos.
Observar la ley y garantizar el orden ofrece estabilidad para el desarrollo personal y comunitario de las regiones. El segundo fundamento del estado se refiere a garantizar un desarrollo social incluyente, a partir de ofrecer a la población, servicios de salud eficientes, de calidad y accesibles; plataformas educativas que permitan la formación personal, profesional y que garanticen la movilidad económica y social; mecanismos eficientes que permitan asegurar el patrimonio familiar de una vivienda, espacio necesario para el desarrollo personal y colectivo; y eliminar los desafortunados rezagos en materia alimentaria, en términos de nutrición, pero de manera indispensable en condición de hambre.
Atendidas la seguridad y las necesidades sociales básicas -salud, educación, vivienda y alimentación- se establece un nivel complementario enmarcado en el desarrollo económico sostenible. El desarrollo, fundado en la generación de ingresos, a través del empleo o de la ganancia para empresarios que arriesgan su inversión, es un mecanismo eficiente que funciona en al menos los 193 países acreditados en la Organización de las Naciones Unidas, excepto Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam, Venezuela y excluyendo a China, que ha dado muestras recientemente de naciente al emprendedurismo.
Estos países desde 1948 en el caso de Corea del Norte, pasando por 1959 con Cuba, 1975 con Laos y 1976 en el caso de Vietnam, han establecido mecanismos patrimonialistas de los recursos naturales y despreciado la participación de la iniciativa privada en desarrollo económico, tecnológico y comercial en beneficio de sus comunidades.
En las siguientes semanas se debatirá en el país una propuesta de Contrarreforma Eléctrica, que plantea la participación mayoritaria del Estado, excluyendo o minimizando la participación de los privados, en la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.
La iniciativa plantea la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados para autoconsumo al sector privado. Esto bajo el argumento de existencia de abusos o corrupción, desaprovechando la posibilidad de la participación privada, con reglas que acoten los supuestos abusos y eliminen la corrupción.
Lo que se prevé, de aprobarse, es que las empresas adquirieran la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque eso les implique mayores costos.
También establece que la CFE generará y comercializará el 54% del consumo eléctrico nacional, mientras que la iniciativa privada podrá competir sólo por el 46% restante. Esto otorga a CFE, el control de la mayor parte del mercado eléctrico, dejando de lado la competencia en favor de los consumidores.
Lo anterior implicaría hacer, por parte del Gobierno, grandes inversiones en materia de plantas generadoras, preferentemente de energía sustentable, en un escenario en donde con reglas claras se pudieran aprovechar las plantas ya existentes y destinar los recursos públicos prioritariamente en seguridad o desarrollo social -salud, educación, vivienda y alimentación- como está ocurriendo en al menos 167 países del orbe.
La reforma establece que la CFE tendrá el rol de actor central en la política energética, a costa de la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de la Energía, y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), cuyas funciones ahora pasarán a la paraestatal.
La función del Cenace es regular al mercado, con el objetivo de dar el mismo trato a todos los actores, ya sean públicos o privados, en beneficio de condiciones de precio y calidad para consumidores, tal como ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Pero ahora CFE será juez y parte en el mercado eléctrico.
De manera adicional preocupa que, en vísperas de la cumbre de Glasgow, considerada como el último “chance” para enfriar el planeta y dar futuro a la humanidad y donde los países se han comprometido a invertir, con la participación del sector privado, en energías renovables, se proponga modificar leyes y reglamentos en México para usar coque, combustóleo, así como promover la compra de carbón para operar las plantas generadoras de energía eléctrica de CFE.
Preocupa porque la mayor inversión que debiera hacer el gobierno tendría que estar dirigida a la construcción de líneas de transmisión de energía y no en la esfera de la generación de energía limpia y barata, donde bien podría encajar la participación del sector privado con el establecimiento de reglas claras.
En las siguientes semanas se discutirá dicha iniciativa, veremos como se comportan los partidos. De entrada en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados (PVEM y PT) cuentan con 278 legisladores, por lo que esta cifra es, en teoría, insuficiente para obtener los 334 votos necesarios para aprobar reformas constitucionales.
Por lo tanto, Morena tendría que “jalar” al menos 56 votos de los 222 diputados de la oposición (PAN, PRI, MC, y PRD) para aprobar las reformas constitucionales que requiere forzosamente su iniciativa.
En el Senado, de los 128 senadores que lo integran, Morena y sus aliados (PT, PES, PVEM) tienen formalmente registrados en sus grupos parlamentarios 78 legisladores. Para reformas constitucionales se requieren al menos 86 votos.
Veremos si aquel añejo conflicto al interior del PRI entre el Nacionalismo Revolucionario versus el planteamiento de la modernización del país genera posiciones definidas o rupturas definitivas.
Sin duda, el debate planteado como ideológico por algunos segmentos, pudiera tener efectos prácticos y/o desastrosos para todos. Por el bien del país, esperemos que los actores involucrados tomen decisiones correctas.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
