“Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son” (Giacomo Leopardi).
Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional cualquier ley u ordenamiento que penalice con cárcel a quien de manera voluntaria se practique un aborto.
El magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declaró con tono solemne que “A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte, en los supuestos que ha considerado válidos este tribunal constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres” (La Jornada, 08.09.21).
Todo bien y en estricto apego a los derechos formalizados en las leyes, ya que una violación o una malformación del producto que ponga en peligro la vida e integridad de la mujer no puede ser penalizado sin cometer un acto de grosera crueldad y violación de un derecho humano esencial, considerando, desde luego, que hay reglas y límites de acuerdo con el conocimiento médico de la salud reproductiva.
La medida es clara y seguramente irá en beneficio de las mujeres en el trance de tomar esta decisión ahora sin trabas legales, de acuerdo con el criterio de la SCJN, y resulta aventurado pensar que alguna se espere a que se cumplan las 12 semanas de gestación para empezar a pensar en promover el procedimiento, considerando el desarrollo del producto y el riesgo que supone para la propia mujer.
Lo que no parece estar del todo claro es eso de “a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres”. Veamos, ¿Usted conoce alguna persona gestante que (apariencia aparte) anatómica y fisiológicamente no sea mujer?
Se entiende que ahora con la ideología de género una cosa es el sexo y otra el género como constructo social y político, pero un embarazo se da por razones estrictamente naturales relacionadas con los órganos reproductivos, independientemente de la identidad que la persona imagine o quiera que sea la propia.
Ningún hombre puede embarazarse y parir, por más que una ley pueda dotarlo de una identidad “de género” distinta, porque finalmente su realidad está determinada por su anatomía y fisiología, no por lo que desee o imagine, o algún tribunal decida.
Estaremos de acuerdo en que la identificación de mente y cuerpo no siempre van por el mismo camino, pero hay que llamar las cosas por su nombre, independientemente de modas, tendencias o imposiciones culturales. A la hora de embarazarse el sexo se revela tal cual es, donde siempre hay una parte masculina y otra femenina, independientemente que la ley permita la modificación del acta de nacimiento y ahora el matrimonio homosexual.
Considero que el progreso o el cambio verdadero no está en la sola aceptación de una ley como sustituto de la realidad para establecer la identidad de las personas y sus derechos, (lo que no quita que el respeto a la diferencia y la consideración deba ser la regla de oro de nuestro trato con los demás) sino en la aceptación de la realidad y los mecanismos que hacen posible su mejor comprensión y aprovechamiento.
Pero estamos en una sociedad histérica, frágil y sumamente influenciable, una especie de cascarón vacío de contenido y que se puede llenar con cualquier cosa. Pongo por caso el pánico al contagio con el coronavirus de covid-19.
Todo mundo acepta cualquier medio para evitar la enfermedad sin reflexionar sobre su verdadera utilidad y oportunidad. El miedo y la imaginación hace que se tomen ciertas medidas preventivas inútiles, como los tapetes “sanitizantes” y las aspersiones en lugares públicos, siendo que el contagio es por vía respiratoria y que para que sea posible es necesario el contacto cercano.
Se toma la vacunación como una obligación y una exigencia para el ingreso a determinados establecimientos, se presiona a la gente para que se vacune, y ahora se promueven amparos para que los menores reciban el pinchazo.
Parece que el calendario de vacunaciones establecido por las autoridades sanitarias y el conocimiento clínico en que se apoya pueden menos que el apresuramiento de algunos padres de familia deseosos de inmunizar a sus vástagos. Promueven amparos y exigen su acatamiento.
¿Usted cree que una autoridad jurisdiccional puede y tiene más capacidad para juzgar la necesidad y pertinencia de las vacunas que las autoridades de salud? ¿La política de prevención de los contagios se decide en los tribunales o en la Secretaría de Salud?
Aquí llama la atención la conducta oportunista de algunos abogados que hacen su agosto encaminando la paranoia de las familias a un gasto que no es propiamente urgente, sin considerar que los recursos de salud están sujetos a los procedimientos que la propia autoridad sanitaria establece.
La irresponsabilidad desborda la cloaca de una sociedad mazapán, o de cristal si prefiere, donde la verdad tal cual resulta ofensiva, escandalosa, condenable y un impedimento al “libre desarrollo de la personalidad”. Los cascarones montados en la histeria debieran entender que sólo la verdad es transformadora, pero así estamos.
