El alcalde de Mérida, Renán Barrera, pidió que se respete la presunción de inocencia de los cuatro policías municipales que fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, quien falleció el pasado 3 de agosto.
Señaló que a Ravelo, de 23 años de edad, no se le detuvo por su aspecto físico, por su preferencia sexual, ni mucho menos por ser sospechoso, sino por alteración del orden público.
“Se le detuvo porque hubo una denuncia ciudadana de lesiones. En ese sentido, es cuando inicia todo este proceso. Tenemos las 24 horas de video grabadas, desde el momento en que hubo el ataque de José Eduardo a un ciudadano hasta el momento en que es liberado”.
El edil panista, aseguró en una transmisión de Facebook que un ciudadano que dijo haber sido agredido pidió la intervención de la policía municipal: “Es un hecho público, no es un hecho que diga una persona, es un hecho que comprobamos que fue así y que también es parte de la investigación”.
“Son 24 horas completas de grabación en donde se puede ver todo lo que pasó minuto a minuto. Esta información ya la tiene la fiscalía, estamos interesados en coadyuvar. Los cuatro elementos que fueron mencionados en este caso fueron a declarar también, ahí se les giraron las órdenes de aprehensión y decidieron mantenerlos allá”, detalló.
Tras ser detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, los policías fueron presentados ante el Juez Primero de Control, quien determinó su vinculación a proceso y decidió ordenar la prisión preventiva como medida cautelar.
“Y digo yo que si el caso es tan grave como lo que se ha presentado, que bueno que se haga de manera preventiva el mantenerlos en ese estatus jurídico, sin que eso signifique que podamos decir que esto ya concluyó”, advirtió el edil.
Los representantes de la FGE presentaron al juez de control del Centro de Justicia Oral de Mérida detalles de la investigación, en la que se indica que los elementos municipales presumiblemente golpearon y violaron a Ravelo, quien posteriormente presentó una denuncia ante la fiscalía.
Pidió prudencia, serenidad y confianza, ya que no solapará injusticia alguna contra ningún ciudadano, debido a que está de por medio el nombre de la ciudad y su propia gestión.
“No tiene sentido el tratar de dar una versión distinta a los hechos que hoy por hoy tengo conocimiento”, mencionó. Aseguró que las instituciones encargadas de investigar el caso contarán con su cooperación, por lo que el municipio solicitó ser coadyuvante de las indagatorias.
Sin embargo, pidió a la sociedad que no prejuzgue sobre el caso: “También es importante decir que no podemos prejuzgar, no podemos sancionar, no podemos dictaminar, no podemos hacer escarnio público de un tema que aún ni siquiera se ha iniciado con la investigación”.
“Por supuesto, yo me solidarizo con la madre de José Eduardo y quiero decirle que busco lo mismo que ella, busco justicia, no injusticia. Como ella, también soy el primer interesado en que esto se aclare, porque si se comprueba que fueron elementos municipales que participaron en ello, seré el primero en pedir la pena máxima, todo el rigor y una disculpa pública por haber tenido funcionarios que no hayan estado a la altura del servicio que yo les pedí que le den a los ciudadanos. Tomaremos acciones internas al respecto”.
Por lo tanto, mantiene el canal abierto para dialogar con María Ravelo Echeverría, madre del joven, y que a través de los funcionarios de la Dirección de Gobernación se le ha buscado para poder apoyarla en todo lo que esté a su alcance, “en lo personal, en lo individual, en lo institucional”.
Recordó que los cuatro policías municipales investigados en relación con la muerte del joven, “también tienen familias” y que al igual que doña María, “también quieren que haya justicia”.
Consideró muy triste para la ciudad que, sin que se tengan los elementos para tener una visión objetiva de las cosas, se sancione, juzgue, y se hable “de un asesinato, de un homicidio, de una discriminación, de una tortura, de muchas cosas que son a todas luces y para todos una aberración y que nos indigna que eso haya sucedido o se diga que haya sucedido”.
“Lo repito e insisto: nadie en su sano juicio puede defender a un homicida o a un torturador, y menos si es un funcionario público, siempre y cuando haya las pruebas contundentes para que eso lo podamos dar por hecho”, señaló Barrera.
“Yo no soy juez, a mí no me corresponde defender a ningún funcionario que haya sido señalado cuando hay una denuncia. Las instituciones están agrupando la información, estarán presentando esta información ante las autoridades judiciales competentes, hay cuatro detenidos con orden de aprehensión y seguramente habrá un proceso legal que nos permita conocer cuáles son las pruebas, transparentar cuáles son los elementos en los cuales se han basado para poder hacer estos señalamientos”, dijo.
El pasado viernes 6 de agosto, María Ravelo Echeverría, madre del joven, llevó el féretro con los restos de su hijo a las puertas del Palacio de Gobierno de Yucatán y pidió ser recibida por el gobernador Mauricio Vila.
De acuerdo con la versión de su madre, el joven murió por las lesiones provocadas tras haber dio detenido, golpeado y violado por policías municipales el pasado 22 de julio. Dijo que su hijo caminaba en un parque de la capital yucateca y un grupo de policías lo detuvo por que les pareció sospechoso.
Señaló que luego de haberlo agredido en la patrulla, lo llevaron a las instalaciones de la policía, donde volvieron a abusar de él y lo torturaron.
En el momento de rendir su declaración, José Eduardo Ravelo dijo que se sentía mal, por lo que fue revisado por un médico, quien certificó que el joven había sido agredido física y sexualmente. De inmediato se le trasladó a un hospital, donde se constató que tenía un pulmón perforado y daños cerebrales.
Fue internado en el área de Covid-19, debido a que además presentaba síntomas compatibles con la enfermedad. Murió el pasado 3 de agosto. Su madre denunció a los agentes policiacos por las agresiones que derivaron en el fallecimiento del joven. Había dejado su natal Veracruz para trasladarse a Yucatán y conseguir empleo.
