El viernes pasado se cumplieron siete años del más grande desastre ambiental en la historia minera del país, el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora. Esta tragedia ha afectado a los siete municipios del Río Sonora -Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe- dejando a toda su población expuesta a la contaminación por metales pesados en el agua, así como afectando a sus derechos humanos al medio ambiente sano y la salud.
En el transcurso de estos siete años, tanto Grupo México, la empresa minera responsable del derrame, como los diferentes gobiernos estatales y federales, han prometido atender a los afectados por la tragedia ambiental, pero hasta este momento todos han simulado. En el 2014, año cuando ocurrió el derrame, el gobierno estatal de Sonora simuló atender la contingencia con el ex gobernador Guillermo Padrés paseando por los municipios afectados solamente para tomarse fotos en la zona contaminada sin hacer nada por la población.
Meses más adelante la empresa y el gobierno federal crean y manejan el Fideicomiso Río Sonora (FRS) que estableció los compromisos de construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, así como un monitoreo y un estudio que sirvan para trazar una ruta para resarcir el daño ambiental. Nada de eso ocurrió.
El 13 de febrero del 2017, a tres años del derrame, Grupo México y Semarnat, en la administración federal de Enrique Peña Nieto, cerraron unilateralmente el FRS con el burdo argumento de que ya se había atendido a la población repartiendo unos tinacos que nunca nadie pidió y tampoco sirvieron para nada. Lo único que dejó el FRS en los pueblos del Río Sonora, fue una obra negra de lo que prometía ser la clínica UVEAS en Ures y un estudio por la UNAM que únicamente conocimos a través de filtraciones, así como unos monitoreos que ahora, los expertos de Grupo México, niegan su existencia.
La 4T llegó y para gran parte de la población afectada representó una luz de esperanza en su búsqueda de justicia ambiental, pero hasta la fecha soló han encontrado simulación. En el 2020 Víctor Manuel Toledo, quien fue secretario de Semarnat después de una larga carrera como activista medioambiental, renunció a finales de agosto. Su salida se debió a unas serias criticas que hizo al gobierno federal, en las que dio a entender que proteger al medio ambiente y hacer justicia ambiental no está dentro de las prioridades del presidente: “adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, es un Gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión que aquí la compartimos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente”.
Antes de dejar el cargo Toledo prometió un foro científico para encontrar la mejor ruta que dé solución a la crisis ambiental que provocó el derrame en el Río Sonora. Hasta la fecha este foro no se ha realizado.
Los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), con el apoyo y la asesoría de poder, son los únicos que siguen en pie de lucha por la justicia ambiental, son quienes mantienen una autentica carrera de resistencia, donde Grupo México y todos los gobiernos hasta la fecha han apostado por olvido. A siete años del derrame, lo primero que exigen los CCRS, es un alto a la simulación y que las autoridades se hagan responsable de sus obligaciones en atender a la población afectada, hacer justica ambiental y castigar a la empresa responsable. La actual administración federal aún esta a tiempo de hacer las cosas diferentes, pero a la mitad de su tiempo las señales han sido claras en que pretende continuar apostando por la desmemoria. El tiempo dirá si no llegamos a los 10 años de impunidad ambiental en el Río Sonora.
