La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la sentencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad (DGI) con la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce como completamente inconstitucional la prohibición del uso lúdico del cannabis. Con esto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está obligada a dar permiso de uso a cualquier ciudadano mayor de edad que solicite el permiso para el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. En pocas palabras, a partir del 15 de julio de 2021, es inconstitucional que el Estado mexicano violente el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las personas que deciden consumir marihuana y solicitan permiso para poder hacerlo de manera libre y responsable.
Esta sentencia de la SCJN va provocar que tanto nuestra sociedad, como las policía municipales de todo el país, inicien un proceso de cambio en la forma de tratar a los consumidores de cannabis. Deberán dejar de criminalizarlos y de discriminarlos por los prejuicios que la narrativa de las políticas prohibicionistas ha difundido, provocando millones de casos de abusos policiales y de extorción que cualquier joven o usuario de la marihuana conoce a la perfección.
Todo el abuso policial que se justificó por la política prohibicionista tiene su principal victima en los jóvenes, a quienes se les criminalizó y violentó su derecho al libre desarrollo de la personalidad de formas que en otros países son impensables.
Personalmente puedo contar experiencias con policías en Canadá y España donde portando cannabis no fui criminalizado, algo completamente diferente a cualquier encuentro que se pueda tener con los oficiales municipales de Hermosillo. En Quebec, cuando apenas tenía 21 años y estaba de intercambio, a un grupo de amigos y a mí que estábamos fumando cannabis en la madrugada de camino a la residencia estudiantil, la policía quebequense nos detuvo, no para arrestarnos ni para extorsionarnos, sino más bien para ofrecernos raite al campus. Años después, en Barcelona, mientras hacia mi doctorado, en una noche de las fiestas del barrio de Gràcia, la Guardia Civil llegó a pedirnos que nos retiráramos a un grupo de amigos que estábamos ya muy tarde en la plaza Joanic y no dejábamos dormir a los vecinos. Nosotros nos encontrábamos fumando marihuana antes de regresarnos a nuestras casas, pero eso no fue ningún problema o motivo para una extorción por parte de la Guardia Civil, ellos simplemente cumplían con la obligación de desalojar la plaza.
Estas dos escenas son imposibles de pensar en Hermosillo. Aquí todas las veces que me han detenido ha sido por la sospecha de que porto marihuana, y aun así, en ninguna de las ocasiones llevaba algo de la hierba conmigo, simplemente era criminalizado por mi apariencia y los prejuicios que el prohibicionismo ha difundido.
En mis experiencias con la policía municipal de Hermosillo, estas nunca pasaron de ser intentos de extorción fallidos porque de inmediato los oficiales veían que estaba informado y conocía mis derechos, pero por desgracia esa no es la suerte de miles de jóvenes que a diario son expuestos a una violencia institucional por los prejuicios que divulgó el prohibicionismo y que ahora debe de parar. Ahora que la SCJN ha declarado inconstitucional la prohibición del uso recreativo del cannabis, el acosó policial a los jóvenes y a los usuarios de cannabis tiene que acabarse y esto solamente se va a lograr, capacitando a los policías para que reconozcan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de los usuarios de la marihuana y adecuando el bando de policía y buen gobierno a la nueva realidad. Esperemos que la nueva administración municipal tenga disponibilidad de hacer un cambio de chip y de dejar atrás la retórica prohibicionista que únicamente criminaliza y discrimina tanto a jóvenes como a usuarios de una planta que ejercen su derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.
