En Brasil, más de 520 mil personas han fallecido a causa de la pandemia, una de las tasas per cápita más altas a nivel global. Desde luego que la crisis sanitaria ha significado un enorme reto para todos los gobernantes pero el manejo que le ha dado el presidente brasileño es particularmente criticable. Entre otras cosas, Jair Bolsonaro, se rehusó a la imposición de medidas de cuarentena, promovió medicamentos sin eficacia probada y cuestionó la eficacia de las vacunas.
Sin embargo, el clima político en Brasil está en ebullición no solamente por la crisis sanitaria y la pésima gestión de la misma, sino por que a pesar de que la principal promesa de campaña del presidente brasileño fue la lucha contra la corrupción, hoy su gobierno y él están involucrados en diversos escándalos de desvío de fondos públicos.
En las semanas recientes se han presentado dos denuncias sobre la compra irregular de vacunas contra covid-19 por parte del gobierno brasileño. La primera se dio a partir de las declaraciones, al diario Folha de Sao Paulo, de un ejecutivo de la industria farmacéutica, quien reveló que en una cena llevada a cabo el 25 de febrero pasado en Brasilia, se negoció la venta al gobierno de 400 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. En la negociación, a manera de soborno, funcionarios del Ministerio de Salud habrían puesto como condición el pago de un dólar adicional por cada vacuna.
La segunda tiene que ver con un contrato por 324 millones de dólares firmado por el Ministerio de Salud para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna india Covaxin. Funcionarios del Ministerio han hecho pública la presión que hubo para la aprobación del contrato y las irregularidades en el alto precio acordado para las vacunas; uno de ellos ha señalado que él personalmente alertó al presidente de estas irregularidades desde hace tres meses y sin embargo no se tomaron acciones de control sino hasta la semana pasada.
Las nuevas denuncias reactivaron a la oposición y provocaron que el sábado pasado, por tercera vez desde finales de mayo, hubieran manifestaciones masivas a lo largo del país para protestar por el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, pedir la renuncia del presidente y exigir el avance de alguna de las 123 peticiones de juicio político contra el mandatario.
Para sumar al polvorín político, tras las movilizaciones del fin de semana, este lunes se dio a conocer una investigación basada en audios de WhatsApp de una excuñada del presidente brasileño, que apunta a que el líder derechista habría desviado fondos públicos en su época de diputado, mediante la contratación de familiares como empleados fantasma que debían devolverle parte de sus sueldos.
A pesar de todo esto, es poco probable que se vote la destitución de Bolsonaro antes del fin de su periodo de gobierno, sobretodo por que la admisión de un eventual juicio político en el Congreso depende del aval del presidente de la Cámara baja, actualmente Arthur Lira, un incondicional del presidente. En todo caso, los escándalos recientes son un duro golpe político para el polémico líder brasileño cuyo destino se jugará en las elecciones presidenciales del próximo año.
Las encuestas recientes le dan solo el 23% de las intenciones de voto a Bolsonaro para su reelección, frente al 49% del expresidente Lula da Silva, un escenario poco alentador para el actual presidente. Ante ello, al estilo de su aliado Donald Trump, la semana pasada Bolsonaro declaró que no aceptará los resultados de las elecciones presidenciales en caso de fraude. Está claro que si sustituimos la palabra “fraude” por la palabra “derrota” el comentario del dirigente será mas fidedigno.
Entre barbaridades y virus el futuro de Brasil está en juego, urge que después del gobierno de un personaje misógino, homófobo y divisivo se retomen caminos de mayor inclusión con respeto a la ciencia y la inteligencia.
@B_Estefan