El próximo 9 de julio se cumplirán seis meses del incendio que consumió cinco de los seis pisos del edificio sede del Metro de la CDMX y en donde se encontraba el Puesto Central de Control (PCC). A la fecha no sólo se desconocen los dictámenes que se supone hicieron tanto la empresa aseguradora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), como la firma independiente que las autoridades capitalinas dijeron que contratarían para ello, sino que tampoco se ha informado a cuánto ascienden los daños y pérdidas, y si estas ya fueron cubiertas por la aseguradora.
A pesar de que ni el Gobierno de la Ciudad ni el propio Metro han informado sobre esto, Animal Político confirmó que de acuerdo con el contrato STC-CNCS-060/2020 el límite máximo de responsabilidad que tiene la aseguradora con el Metro es de 5 mil 328 millones 230 mil pesos.
Año con año el Metro de la CDMX debe renovar el seguro de todas sus instalaciones y entre contrato y contrato no queda un minuto en el que el STC no esté protegido ante cualquier siniestro.
Por ello, cada año se firma un contrato denominado “todo bien, todo riesgo integral de seguro de daños del STC” a través del cual todas las instalaciones como estaciones, andenes, inmuebles, autos, trenes, subestaciones y demás quedan protegidas ante cualquier riesgo de pérdida o daño físico.
A través de una solicitud de información pública, Animal Político tuvo acceso al documento que firmó el Metro y el Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. con el que se formalizó la contratación de la póliza para todo el 2021 por la cantidad 346 millones 152 mil pesos, la cual se debe saldar en 12 pagos mensuales de 24 millones 867 mil pesos sin IVA.
El documento se firmó el 31 de diciembre de 2020 y nueve días después el edificio central del Metro, en el que se encontraba el Puesto Central de Control (PCC), fue consumido por las llamas. Un siniestro de una magnitud nunca antes vista.
La mitad de la red del Metro quedó inoperante. No había manera de echarla a andar y millones de usuarios tuvieron que buscar opciones para movilizarse en la ciudad.
El 19 de febrero -40 días después del incendio-, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad (FGJ) dio a conocer los resultados del peritaje que llevaron a cabo. La conclusión fue que el incendio se debió a un cortocircuito.
Por semanas se estuvo informando sobre el avance en el restablecimiento del sistema, pero conforme pasaron los días -y al atravesar por una segunda ola de contagios de covid-19-, se dejó de informar del tema.
Sin embargo, mientras las investigaciones, pagos de indemnización y proyectos de rehabilitación avanzan en otra tragedia que protagonizó el Metro cuatro meses después -el 3 de mayo-, cuando un tramo del viaducto elevado de la línea 12 colapsó, del incendio en su sede central, donde estaba el “cerebro” para su operación, hay pocas respuestas.
El seguro del Metro de la ciudad cubre 12 responsabilidades entre las que se encuentran incendios y daños materiales a bienes muebles e inmuebles, equipo rodante (trenes), rotura de maquinaria, equipo electrónico, dinero y valores; responsabilidad civil general, responsabilidad civil de transporte de personas (usuarios), objetos raros y de arte, entre otros.
Según se detalla en los anexos del contrato, estaciones subterráneas, elevadas y de superficie, sistemas centrales de mando y operación de trenes, sistemas de monitoreo y transformadores, también están contemplados como los bienes asegurados.
En la cláusula 4 de los anexos del convenio se especifica a detalle el límite máximo de responsabilidad de la empresa aseguradora para con el Metro de la CDMX la cual asciende a 5 mil 328 millones 230 mil 325 pesos. A esta cantidad se podrá llegar por la suma de sublímites de responsabilidad que se detallan en el documento.
Por ejemplo, por colisión y descarrilamiento de los trenes el límite es el pago de 800 millones 430 mil pesos; por robo de cable, 5 millones de pesos; sustracción de dinero en taquillas, 125 mil pesos y 38 millones 776 mil pesos por el daño o pérdida de exposiciones de arte temporales.
En el caso de la responsabilidad civil, el límite máximo es de 69 millones 703 mil 768 pesos. Por muerte de usuarios del Metro lo máximo contemplado en la póliza de seguro es el pago de una indemnización de 325 mil pesos, 307 mil pesos por gastos médicos y 16 mil 824 pesos por gastos de defunción.
Aquí vale la pena recordar que en el incendio de las instalaciones centrales del Metro una mujer policía perdió la vida y las autoridades capitalinas informaron que se brindarían todos los apoyos a su familia.
En tanto, en la tragedia del 3 de mayo que cobró la vida de 26 personas, en un primer momento se informó que se pagaría una indemnización de 350 mil pesos (lo que tiene sentido a lo dispuesto a la póliza de seguro contratada), sin embargo, luego de darse a conocer la cantidad hubo reclamos por el apoyo ofrecido, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hablarían con la empresa aseguradora para que se hiciera un mayor esfuerzo en el pago. Al final, los deudos -aquellos que lo aceptaron- recibieron 650 mil pesos.
“El proveedor deberá otorgar al STC un anticipo equivalente al 30% del monto estimado por este último de los daños que le resulten por la posible ocurrencia de cualquier siniestro, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales después de que el STC sustente el importe reclamado”, se estipula en la sexta cláusula del contrato.
Así entonces, si el incendio en el “cerebro” del Metro ocurrió el sábado 9 de enero, en días posteriores el organismo debió estimar y sustentar con la documentación acorde el monto de los daños para que recibiera un primer pago por parte de la compañía aseguradora, sin embargo, a casi seis meses del siniestro, ni las autoridades capitalinas ni las del Metro han informado a cuánto ascienden las pérdidas por el incendio y cuánto ya fue saldado por el seguro si es que ya hubo, al menos, un primer pago.
Además, en esta misma cláusula se detalla que el pago total de la póliza “todo bien todo riesgo integral de seguros de daños del STC” se saldará “a los 10 días siguientes de la entrega de la documentación comprobatoria y del convenio de indemnización correspondiente”.
El 10 de enero, apenas un día después del incendio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya se trabajaba en distintos peritajes para conocer las causas del incendio. Sus resultados, afirmó, se darían a conocer a toda la ciudadanía, pero a medio año de la tragedia, éstos no se han hechos públicos tal como fue el compromiso.
“Se está realizando en este momento los peritajes correspondientes para conocer las causas y, como siempre, se dará a conocer estos peritajes a ustedes y a la ciudadanía, que es lo más importante, y a los usuarios del Metro. Estos peritajes se realizan por parte de la Fiscalía General de Justicia, eso así debe ser y así es por norma, también a través de una tercera empresa independiente –o una empresa independiente– y también por la propia aseguradora, porque todas las instalaciones están aseguradas. Entonces hay tres peritajes que se van a desarrollar, ya están en ese proceso en este momento y se darán a conocer pues las causas que determinan estos peritajes”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el directora del Metro, Florencia Serranía quien, en su oportunidad, repitió esta misma información.
En una conferencia en línea de apenas 20 minutos, el 19 de febrero la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) dio a conocer los resultados del peritaje que llevaron a cabo en la zona del siniestro.
“El incendio referido se originó en la planta baja, específicamente en el transformador denominado TA-1 y fue causado por un cortocircuito en sus componentes, es decir, se trató de un accidente fortuito y no previsible”, informó María Seberina Ortega López, coordinadora general de investigación forense y servicios periciales de la FGJ.
Aunque desde esa fecha no se dio más información, ni se conocen los otros peritajes que se supone se hicieron, el tema de la falta de mantenimiento a los transformadores que proveían energía a la mitad de la red del Metro se ha puesto sobre la mesa. Se trata de considerandos que están presentes en la póliza de seguros del Metro y de lo que se determinará o no, el pago de la póliza.
En la cláusula décimo octava de la póliza de seguro “el proveedor se obliga a responder por los defectos y/o vicios ocultos y/o deficiencias en la calidad de los servicios objeto del presente contrato y por cualquier otra responsabilidad en que incurra”.
Sin embargo, en los anexos del contrato se abunda más sobre el tema y aclara los supuestos por los que la aseguradora no pagará los daños.
“En ningún caso la compañía aseguradora será responsable por pérdidas o daños ocurridos como consecuencia de desgaste normal, corrosión, agotamiento, deterioro gradual, defecto inherente, oxidación, descomposición húmeda o en seco, humedad ambiental, errores en el procesamiento o fabricación de un producto. Contaminación ambiental paulatina u otras variaciones perjudiciales de agua, atmósfera, suelo, subsuelo o bien por ruido”.
Es importante recordar que los transformadores en donde, según la FGJ se presentó el cortocircuito, tenían más de 50 años en operación y que su vida útil es de alrededor de la mitad de este tiempo.
También hay que notar que, en los riesgos cubiertos, el contrato contempla que el asegurador pagará las ganancias brutas que el Metro haya dejado de percibir como resultado de la paralización o entorpecimiento de sus operaciones a consecuencia de cualquiera de los riesgos cubiertos.
Tras el incendio, seis de las 12 líneas con las que cuenta la red del Metro dejaron de operar porque sus controles centrales quedaron reducidos a cenizas. En días siguientes y de forma escalonada, las seis líneas se volvieron a poner en marcha.
Desde ese día, hay que subrayar, el servicio que brindan las seis líneas (1, 2, 3, 4, 5 y 6) no es total y esto se debe específicamente a dos razones: la crisis sanitaria que redujo la afluencia de usuarios en el Metro y la falta de controles de seguimiento entre trenes (los cuales se quemaron en el incendio), lo que ha obligado a dar servicio con menos trenes y que estos pasen con una mayor frecuencia para garantizar oportuna reacción en caso de alguna emergencia.
De acuerdo con datos actualizados proporcionados por el Metro a Animal Político, el promedio de usuarios que está transportando toda la red es de 2 millones 471 mil 750 pasajeros diarios, es decir, el 50% de la afluencia regular que se tenía previo a la pandemia de covid-19.
Ahora bien, sobre los trenes en servicio, el STC informó que previo al siniestro las líneas 1, 2 y 3 (las más antiguas e importantes del sistema) ofrecían servicio con entre 30 y 40 trenes cada línea. Actualmente en las líneas 1 y 3 están circulando 22 y en la línea 2, 16 convoyes.
Previendo un siniestro de importante magnitud como el incendio del 9 de enero, en los anexos del contrato de la póliza de seguro se detalla el procedimiento a seguir en caso de existir desacuerdos entre el Metro y la compañía aseguradora sobre los montos de las pérdidas o daños.
“La cuestión será sometida a dictamen de un árbitro nombrado por escrito de común acuerdo. Si no se pusieran de acuerdo en el nombramiento de un solo árbitro se designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará en el plazo de un mes a partir de la fecha en que una de ellas hubiera sido requerida por la otra por escrito. Antes de empezar sus labores, los dos árbitros nombrarán a un tercero para el caso de controversia”, señala el documento.
En caso de que el Metro y la aseguradora no se pusieran de acuerdo sobre los árbitros y el tercero en caso de controversia, las autoridades judiciales tendrían que actuar y requerir los nombramientos.
“El arbitraje a que esta cláusula se refiere no significa aceptación de la reclamación por parte de la compañía aseguradora, solamente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estuviera obligada la compañía a resarcir. Quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes”.
