El actual proceso electoral se perfila como el más violento del que haya registro en el presente siglo. Más de 450 candidatos o aspirantes a un puesto de elección popular han sido blanco de agresiones de distinta índole, desde amenazas o intimidaciones, hasta secuestros y asesinatos.
La cifra específica de candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular que han perdido la vida asciende a 34. Veracruz, Guanajuato y Guerrero concentran la mayor cantidad de casos.
Así lo revelan los datos de una medición detallada realizada por la consultora Etellekt que serán presentados en un informe el próximo fin de semana. Dicha consultora ha monitoreado desde hace dos décadas la inseguridad y otros fenómenos paralelos a los procesos electorales.
De acuerdo con los datos de la consultora, los 34 asesinatos de aspirantes o candidatos a un cargo público se han concentrado en 16 de las 32 entidades federativas del país.
Veracruz es la entidad que concentra la mayor parte de los casos con ocho, que equivalen al 23.5% del total.
Guanajuato y Guerrero son las entidades que siguen con cuatro candidatos asesinados en su territorio, respectivamente. Les sigue Oaxaca con tres candidatos asesinados, y Jalisco, Quintana Roo y Baja California con dos cada una de ellas.
Los otros nueve homicidios de candidatas y candidatos se distribuyen en Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Morelos.
Cabe señalar que marzo es el mes que hasta ahora registra el mayor número de candidatos asesinados con diez en total. Fue precisamente el mes en el que el gobierno federal decidió desplegar una estrategia especial de protección a los candidatos ante el embate de la violencia.
Si a la lista de candidatos asesinados les sumamos los 54 militantes de partidos políticos que también han sido blanco de homicidios en el actual proceso electoral, la cifra de estados con casos se eleva a 22.
De los 88 políticos asesinados entre candidatos y militantes, 16 eran integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que lo ubica como el partido con más casos. Le sigue Morena con 15 candidatos y militantes asesinados entre sus filas.
El Partido Acción Nacional (PAN) acumula 12 víctimas, los mismos que el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Mientras tanto, diez integrantes o candidatos del Partido Verde Ecologista de México también han sido asesinados, al igual que ocho pertenecientes a Movimiento Ciudadano (MC). El resto se distribuye entre los otros partidos.
Esta semana se registraron dos nuevas agresiones: el ataque contra personal de logística del candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas; y una agresión también con armas de fuego a la camioneta en la que viajaba el candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Guerrero.
Además del asesinato de la candidata a alcaldesa de Movimiento Ciudadano, Alma Barragán, ocurrido durante un acto de campaña en Moroleón, Guanajuato.
“Ya llevamos más de 720 agresiones que se han cometido contra políticos en general y candidatos en más de 400 municipios en el actual proceso. Vamos a superar fácilmente las 774 agresiones que se registraron en la elección de hace tres años que fue la más violenta. Del total de agresiones 450 han sido directamente contra candidatos y aspirantes. Y llevamos 34 homicidios, cerca de los 48 registrados hace tres años”, dijo en entrevista Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt.
Pero los 34 homicidios de candidatos son una fracción del total de vidas que se han perdido en el actual proceso electoral que arrancó el pasado 7 de septiembre. A ellos se suman, según los datos de la consultora, 54 integrantes de partidos políticos, 99 servidores públicos, diez colaboradores de candidatos y 34 familiares que también han sido asesinados.
“En total llevamos 231 víctimas letales relacionadas con la política, con el servicio público, más los aspirantes y candidatos. Todo eso en el actual proceso electoral”, añadió Salazar Vázquez.
Locales y de oposición, el principal blanco
Tres de cada cuatro candidatos y políticos que han sido asesinados en el actual periodo electoral pertenecían a partidos opuestos al oficial en el municipio o estado en el que ocurrieron los hechos. El 90% de las víctimas eran personas que competían por un cargo en el ámbito municipal: alcaldes, regidores, síndicos, diputaciones locales.
De acuerdo con David Saucedo, consultor experto en temas de seguridad y delincuencia organizada, el que los blancos de los ataques sean políticos y candidatos locales tiene dos posibles explicaciones.
La primera es que se ataca a candidatos que representan “una amenaza política” en contra de los candidatos que el crimen organizado sí está apuntalando. En muchas ocasiones dicha amenaza la representan candidatos de oposición que prometen cambios o combate a la corrupción frente a un gobierno oficial sobre el cual ya tienen control determinado grupo criminal.
La otra hipótesis es que se trate de candidatos que sí tienen vínculos con grupos criminales y que al ser identificados por organizaciones rivales los amedrentan o asesinan.
Independientemente de cual sea el escenario, añade Saucedo, lo que esto demuestra es la capacidad que tiene el crimen organizado para influir en cómo se conforman los gobiernos en los niveles primarios del gobierno.
“Los cárteles buscan establecer relaciones de dominio y mantener el estatus quo de un determinada zona o gobierno donde ya tienen cooptadas a las autoridades. Para ellos es preferible mantener las alianzas con quienes ya están al frente. Y aunque es duro decirlo se trata básicamente de una narcodemocracia”, dijo Saucedo.
El común denominador: la impunidad
Animal Político ha documentado que pese a la gravedad de lo que significa un homicidio, en México la mayoría quedan impunes. Más del 90% de las investigaciones iniciadas por asesinatos cometidos en la última década no han culminado con el culpable condenado y encarcelado.
Los ataques letales registrados ahora en contra de candidatos no son la excepción.
Rubén Salazar considera que el motor detrás de toda esta violencia es justamente la impunidad. En concreto señala a las fiscalías de los estados, las cuales no solo no indagan a profundidad los homicidios, sino que tampoco verifican las condiciones en que ciertos candidatos beneficiados claramente por las amenazas o agresiones desatadas contra sus adversarios, logran ganar la elección y llegar a un cargo.
“Aunque es cierto lo que se dice de que la delincuencia pone candidatos, pues esos candidatos se registran ante un partido y hay que preguntarse quién se está beneficiando de eso. Y las fiscalías deberían identificar quien ganó a través de la violencia. Ubicarlos y sancionarlos pero no se hace, lo que priva es la impunidad y la indiferencia”, subraya Salazar.
Saucedo advierte que incluso hay muchos casos que ni siquiera llegan a convertirse en denuncias ante el Ministerio Público y son ignorados por las autoridades. Solo aquellos crímenes que cobran relevancia mediática llegan a tener mayor probabilidad de contar con detenidos, aunque tampoco son esclarecidos.
De acuerdo con datos oficiales, hasta la semana pasada las fiscalías de los estados habían iniciado 148 carpetas de investigación por distintos tipos de agresiones denunciadas por candidatos o aspirantes durante el actual proceso electoral.
