Dos personajes clave en el caso de la presunta entrega de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en el sexenio pasado se negaron a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para confirmar la forma en cómo ocurrieron los hechos.
Se trata de Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, colaboradores del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y responsables, según la FGR, de haber entregado por orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, casi 100 millones de pesos provenientes de Odebrecht a un representante de los senadores sobornados.
A estos dos testigos los habría ofrecido el propio Lozoya para que declararan sobre los hechos y entregaran pruebas de que esto ocurrió. Sin embargo, cuando fueron requeridos por la Fiscalía para declarar no quisieron presentarse.
Lo anterior fue revelado por los fiscales de la FGR ante un juez federal durante la audiencia de abril pasado en la que el exsenador del PAN, José Luis Lavalle, fue acusado de pertenecer y beneficiarse de la presunta asociación delictiva conformada por Peña Nieto y Videgaray.
Según la FGR, los testigos se habrían retractado de declarar y confirmar las acusaciones como resultado de supuestas presiones o intimidaciones de Lavalle y de sus abogados, tras un encuentro que tuvieron en enero pasado.
“El hecho de que no tengamos comunicación actualmente con estas dos personas nos hace suponer fundadamente que fueron intimidados, amenazados y que esto obstaculiza la labor de nosotros como servidores públicos que participamos en la investigación para el esclarecimiento de los hechos”, expuso uno de los fiscales.
La falta del testimonio de Olascoaga Rodríguez y Arteaga Santoyo no impidió al juez Marco Antonio Fuerte Tapia valorar otras pruebas que consideró suficientes para validar la posible existencia de una asociación criminal encabezada por altos funcionarios del sexenio pasado, de la que Lavalle se ha convertido en el primer procesado.
Sin embargo, autoridades federales indicaron que en caso de un eventual juicio donde la exigencia de pruebas es mucho mayor, la participación de estos testigos es fundamental para sustentar el modus operandi que se usó en los presuntos sobornos.
Olascoaga Rodríguez y Arteaga Santoyo no solo fueron los responsables de entregar el dinero que presuntamente recibieron los legisladores. También grabaron el video y recopilaron los recibos que amparan esos pagos, elementos que fueron entregados por Lozoya como pruebas en el caso.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, cuando Lozoya aceptó por instrucciones de Peña y Videgaray canalizar dinero de Odebrecht a legisladores de oposición, este recurrió tres personas para la entrega material del dinero: José Velasco Herrera, actualmente fallecido, y los ya mencionados Olascoaga Rodríguez y Arteaga Santoyo.
Fueron por lo menos 15 entregas de dinero las realizadas entre abril de 2013 y agosto de 2014. En la mayoría de ellas los colaboradores de Lozoya entregaron las maletas al enlace de los legisladores, Rafael Caraveo Opengo. Este último corroboró en una declaración ante la FGR que recibió el dinero, aunque dijo desconocer que provenía de un fin ilícito.
Para respaldar que los pagos se habían hecho, los enviados de Lozoya solicitaron a Caraveo que firmara unos recibos. Además, Olascoaga grabó al menos una de las entregas de dinero realizadas en agosto de 2014. Se trata del mismo video que el año pasado se filtró públicamente a través de redes sociales, y donde se aprecia las maletas con el efectivo.
Cuando Lozoya ofreció colaborar con la FGR a cambio de que no fuera encarcelado, lo hizo aseverando que tenía pruebas sólidas para sustentar que había operado un gran esquema de corrupción en el sexenio pasado, y en el que él solo fue uno de los instrumentos utilizados para el mismo.
Entre la evidencia que ofreció se encontraba el testimonio de dos excolaboradores (Olascoaga y Arteaga) que habían participado, siguiendo sus instrucciones, en la entrega del dinero. Como un adelanto, el exdirector de Pemex proporcionó el video que grabaron y copias de los recibos.
Sin embargo, la defensa de Lozoya comunicó después a la FGR que tenía dificultades para presentar a los testigos prometidos. La Fiscalía procedió entonces a citarlos con la finalidad de que ratifiquen el tiempo, modo y lugar de las entregas de dinero, pero ninguno de los dos quiso presentarse.
No solo eso. Tanto Olascoaga como Arteaga promovieron recursos judiciales en contra de los citatorios de la Fiscalía, quejándose de que no se les aclaraba si estaban siendo citados como testigos o como probables responsables de un delito, por lo que no había condiciones para presentarse.
Sin embargo, quien sí logró hablar con ellos y hacerles una entrevista fueron los abogados del propio Lavalle Maury, en un encuentro realizado el pasado 25 de enero. Dichas declaraciones fueron ofrecidas como datos de prueba en la audiencia de abril por parte de los defensores del exsenador.
El contenido íntegro de las entrevistas no se ha revelado dado que el caso aún no llega a juicio, pero según lo expuesto en la audiencia por los abogados de la defensa, los excolaboradores de Lozoya habrían negado que el dinero que recogieron y trasladaron fuera un pago de sobornos.
De acuerdo con los fiscales de la FGR, la forma en cómo se dieron estos hechos prueba que fueron cooptados e intimidados por los investigados.
“(Arteaga y Olascoaga) eran parte del primer círculo de confianza del señor Emilio Lozoya y ellos fueron quienes le entregaron tanto el video como los recibos para que fueran presentados. Pero ahora ante la injerencia evidente por parte del imputado es que estas personas ya no acuden a los citatorios (de la FGR). Nos queda claro que estas personas ya han sido cooptadas por parte de la defensa y de los intereses del imputado para declarar con falsedad”, indicaron los fiscales.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permanece vinculado a proceso por los sobornos que ya admitió haber recibido de parte de la constructora Odebrecht. Sin embargo, hasta ahora no ha pisado la cárcel gracias a la colaboración y pruebas que ofreció a los fiscales desde el año pasado.
De acuerdo con las autoridades consultadas, aún cuando dos de sus excolaboradores se han rehusado a testificar, el procedimiento para concederle un criterio de oportunidad continua ya que, a partir de su denuncia, se ha conseguido integrar una indagatoria que ya fue judicializada exitosamente en contra de un primer imputado (Lavalle).
Lo que se prevé es que la FGR solicite –en una audiencia programada para julio– la suspensión temporal del proceso en contra de Lozoya mientras se desahogan los casos y juicios que la Fiscalía busca impulsar en contra de los altos exfuncionarios y exlegisladores denunciados.
La cancelación definitiva del proceso en contra de Lozoya dependerá de que los referidos procesos concluyan con sentencias condenatorias. De lo contrario, la FGR podría reactivar el proceso cuando lo considere procedente.
