La derrocada líder civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, acudió este lunes a un juzgado en la capital del país, Naipyidó, en la que supone su primera comparecencia presencial ante la Justicia tras ser acusada de “incitación a la sedición” después de ser detenida hace casi cuatro meses en el marco del golpe de Estado del 1 de febrero.
Durante la vista, Suu Kyi insistió en que su formación, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), “fue fundada para el pueblo y seguirá existiendo mientras la gente esté ahí”, según informaciones de la agencia de noticias Myanmar Now.
Así hizo referencia a la intención de la junta electoral creada por los militares para investigar sus propias acusaciones de fraude en las elecciones de noviembre así como de ilegalizar y disolver el partido.
La vista duró media hora, tal y como confirmó su equipo legal, que indicó que en la zona se desplegó un gran equipo de seguridad. Sobre las 9.00 Suu Kyi pudo finalmente encontrarse con su abogada por primera vez en meses.
“Ha dicho que ha estado rezando para que todo el mundo esté bien”, aseguró la abogada Min Min Soe, según informaciones del portal de noticias Frontier Myanmar.
En este sentido, explicó que el caso “ha sido llevado al Tribunal Supremo, que ha ordenado que el caso sea llevado por un tribunal especial cerca de la vivienda de la líder de la NLD en la capital” de Myanmar.
El cargo de sedición es el más grave de todos los que le han sido imputados a raíz del golpe militar, pero también ha sido acusada de violar secretos de Estado e infringir las normas de contención del coronavirus.
La abogada confirmó además, que pudo reunirse con Suu Kyi de forma independiente antes de la vista, donde abordaron su situación legal. Min subrayó, además, que se encuentra en buen estado de salud. Está previsto que vuelva al juzgado el próximo 7 de junio.
Si bien Suu Kyi ha respondido a numerosas cuestiones a través de videoconferencia durante las últimas semanas, sus abogados no habían tenido acceso a la detenida.
La junta electoral militar declaró a finales de febrero -tras la culminación del golpe de Estado- la existencia de un fraude a favor de la NLD. Esta afirmación ha sido disputada por observadores internacionales como la Red Asiática para las Elecciones Libres (ANFREL), que determinó que, “si bien existieron ciertas irregularidades”, achacadas en su mayoría a los efectos de la pandemia y a los combates entre Ejército y separatistas, “los resultados de las elecciones de 2020 fueron representativos de la voluntad del pueblo birmano”.
Las manifestaciones se han sucedido desde entonces en varios puntos del país. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania, más de 800 personas han muerto desde el golpe como consecuencia directa de la represión militar contra los manifestantes. Además, más de 5 mil 300 han sido arrestadas.
La junta, sin embargo, insiste en que estas cifras han sido “infladas” por los medios de comunicación y que, de esta forma, los fallecidos en el marco de las protestas no sobrepasan los 300.
Información de Europa Press
