Columna Agenda abierta
Tres son las grandes preocupaciones actuales de los sonorenses: 1. El insuficiente sistema gubernamental de salud, en términos de calidad y cobertura, altamente lesionado por los impactos destructivos y dolorosos del covid; 2. El deterioro económico, agravado a causa de la recesión y estancamiento provocado por la pandemia y las limitadas medidas implementadas por el Gobierno para reducir su impacto en el empleo y salarios; y 3. La creciente violencia que ha generado, de manera creciente, un entorno tangible de miedo e inseguridad entre la sociedad.
Este último se multiplica y lastima comunidades, familias, personas y los efectos son corrosivos para el desarrollo personal y profesional de las personas, inhibitorio de los flujos de inversión y generador de un entorno poco o nulamente propicio para el desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo.
El tema de la seguridad sufre de un fenómeno recurrente: esta sobrediagnósticado y las medidas implementadas no surten los efectos deseados. Hay, en principio, cuatro grandes rubros, según los expertos, que consideran una visión integral para ordenar el debate, agrupar las acciones y facilitar la evaluación de medidas encaminadas para reducir sensiblemente la inseguridad: la coordinación institucional y la participación ciudadana, el fortalecimiento de las capacidades policiales para la prevención del delito, el combate a la impunidad y acceso a la justicia con un enfoque a favor de las víctimas y la atención focalizada y especializada, esto último por el impacto de su desmedido crecimiento y las agresiones contra las mujeres a través de violencia creciente y destructiva de género.
La coordinación institucional implica que aquellos esfuerzos desarticulados e inconexos de los diferentes órdenes de gobierno, recurrentemente no ofrecen los resultados efectivos esperados en el mediano y largo plazo.
Por ello, todo modelo policial requiere de una gran premisa para su éxito: la homologación de estándares respecto del modelo policial nacional, tanto en materia de carrera policial, como de profesionalización y de régimen disciplinario, entre otros aspectos.
Un modelo policial que aspire a alcanzar un nivel acreditado de resultados, debe garantizar una coordinación muy puntual del Estado y los municipios, con la Federación, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en todos los casos manteniendo la facultad de los municipios de contar con capacidades propias para garantizar el orden público mediante proximidad social, en carácter de primer respondiente, así como para las funciones de tránsito y de prevención.
Una de las visiones fundamentales es que el Estado brinde apoyo técnico, de profesionalización y presupuestario a los municipios, para fortalecer sus capacidades. Es prácticamente un hecho que, si no se parte de la célula básica de la estructura, difícilmente se podrá avanzar en el sentido de tener un esquema integral de coordinación.
Ha sido recurrente escuchar, no sin poca razón, la expresión electoral o en su caso gubernamental de que para poder atender de fondo el problema de la inseguridad, se requieren de acciones que contribuyan a multiplicar y diversificar la oferta de empleos bien remunerados, alternativas de formación deportiva y cultural, que inhiban el sembrado y germinación de la semilla de la inseguridad y la delincuencia generados por el crimen organizado.
Si bien es cierto que la más efectiva y duradera forma de prevenir el delito es mediante políticas de desarrollo social, educación, y reconstrucción del tejido social, también es verdad que la labor de prevención siempre requerirá la intervención de las fuerzas del orden; y para ello, los cuerpos policiacos deben contar con las capacidades necesarias. Sin embargo, en tanto la tasa de policías recomendada por la ONU es de 180 elementos por cada cien mil habitantes, en México tenemos apenas 96, y en Sonora apenas 30, solo por debajo de Baja California y Sinaloa, y muy lejos de la Ciudad de México que cuenta con 441 policías por cada cien mil habitantes. Es decir, en Sonora deberíamos tener mas de 5 mil 500 policías preventivos estatales, y tenemos menos de mil.
En ese sentido, resulta necesario incrementar el estado de fuerza a los niveles recomendados internacionalmente, pero de manera fundamental se observa por los expertos que no sólo debe de privilegiarse el número de efectivos, sino también los criterios orográficos, densidad poblacional, nivel de criminalidad, entre otros. Los referentes internacionales pueden establecer un número óptimo de policías en una región, en un municipio o una localidad, pero además de privilegiar estratégicamente su despliegue. También debe ponerse énfasis en su reclutamiento, formación, equipamiento y remuneración. Por ello es importante incrementar el equipamiento del personal y la infraestructura de seguridad pública, como la necesaria para la vigilancia digital y la respuesta inmediata (C5), así como la capacitación en los protocolos de actuación y talleres de profesionalización, llevando al 100% el número de elementos certificados, tanto en términos de confianza, como en términos de capacidades.
Por otra parte, el tema de impunidad se ha convertido sistemáticamente en uno de los principales incentivos para el crimen. Saber que las probabilidades de ser castigado por la comisión de un ilícito son mínimas, resulta en un poderoso aliciente para la delincuencia y la corrupción. En ese sentido, las sanciones no sólo son la consecuencia justa frente a las conductas indebidas, sino un elemento disuasivo para el resto de la población, la pena tiene pues, una función ejemplar.
Sin embargo, en nuestro país, la probabilidad de esclarecer y sentenciar al culpable de un delito denunciado no llega siquiera al 1%; pero hay que ver que, así como en México la tasa de policías es muy baja (y Sonora no es la excepción), con la tasa de agentes del ministerio público y de jueces ocurre algo similar. La saturación laboral que viven estos servidores públicos no les permite atender adecuadamente el cúmulo de expedientes por resolver. Lo mismo puede decirse de la policía ministerial, los peritos, y los defensores públicos. En el caso de los juzgadores, por ejemplo, nuestro país cuenta con apenas 2.2 jueces por cada cien mil habitantes, en tanto que el promedio mundial oscila en los 17.8. Entre los países que más se distinguen por su baja impunidad está Eslovenia, que cuenta con 42.8 jueces por cada cien mil habitantes.
Como vemos, el tema de la seguridad es complejo y como tal, no admite soluciones simples, como militarizar mandos policiacos, sacar al ejercito a las calles o aumentar solamente el número de elementos policiacos. Requiere de acciones inteligentes, de corto, mediano y largo plazo, coordinadas entre los gobiernos, fundamentadas técnicamente, respaldadas con presupuesto público y desde luego con toda la voluntad política de los gobernantes.
Mientras no hagamos este esfuerzo integral por prevenir el delito y mejorar la seguridad, la procuración y la impartición de justicia, seguiremos alimentando un circulo vicioso interminable, donde una alta impunidad elevará la delincuencia, lo que inhibirá el crecimiento y el desarrollo y como resultado incrementará de forma interminable el cáncer de inseguridad que ya padecemos.
Twitter: @gomezreyna
