La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación en el Senado de México de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ampliaría mandatos del actual presidente de la Suprema Justicia de la Nación (SCJN) y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La CIDH indica que dicha acción excede el plazo constitucional de dichos cargos por lo que hizo un llamado a México para “garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y la CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”, de acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter.
La semana pasada también la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA) emitió un posicionamiento sobre la decisión del Senado por medio de un documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho.
La BMA señaló que el tema “entra en colisión directa” con los artículos 97 y 100 de la Constitución, “que no permiten a la legislación secundaria una extensión de los mandatos como la que se pretende (duración de más de cuatro años del Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y de siete años en su encargo de los demás Consejeros de la Judicatura)”.
“Por ello, ante la evidencia de lo anterior, se solicita a la Cámara de Diputados, dentro del ejercicio soberano de sus atribuciones constitucionales, y respetando el proceso legislativo, rechace tal decisión atendiendo a los argumentos y consideraciones constitucionales, haciendo prevalecer ante todo la Constitución que debe guardar y hacer guardar”, indica el documento.
Con una reserva que nunca estuvo en las más de 500 páginas del dictamen aprobado en comisiones, pero que fue agregada de última hora y leída en tribuna en menos de un minuto y medio, una mayoría de Senadores encabezada por Morena, el PRI y el Partido Verde avalaron extender durante dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN.
La inclusión de dicha reserva fue tan sorpresiva que los legisladores de oposición no alcanzaron siquiera a pedir la palabra antes de que fuera votada. Los reclamos por lo ocurrido se presentaron una vez anunciado el resultado con frases como un “Golpe de Estado al Poder judicial”.
